La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires comenzó a debatir una iniciativa legislativa orientada a mitigar el ciberacoso, la suplantación de identidad y el uso malicioso de herramientas tecnológicas dentro de las instituciones educativas. El proyecto surge como respuesta al caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años residente en Moreno, quien se suicidó en 2024 tras sufrir la difusión no consentida de material íntimo por parte de su entorno escolar.
La propuesta legislativa fue ingresada formalmente con el acompañamiento de Laura Sánchez —madre de la joven— y el diseño técnico de colectivos civiles especializados, tales como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales.
Formación en ciudadanía digital y reformas curriculares
Modificaciones a la Ley de Educación Provincial
El núcleo de la iniciativa propone una reforma estructural mediante la incorporación del inciso «z bis» a la Ley Nº 13.688 de Educación Provincial. Esta adición normativa tiene como objetivo principal establecer la obligatoriedad de contenidos pedagógicos específicos en los trayectos escolares de los niveles primario y secundario.
Las temáticas priorizadas dentro del esquema curricular comprenden:
- Derechos Digitales: Conceptos fundamentales sobre la privacidad y la protección de datos personales en entornos virtuales.
- Consentimiento Digital: Límites éticos y responsabilidad en el intercambio y consumo de material multimedial.
- Uso Crítico de Tecnologías: Herramientas conceptuales para la evaluación de plataformas interactivas y sistemas basados en Inteligencia Artificial (IA), previniendo la generación de deepfakes y alteraciones de identidad digital.
Actualización de protocolos y capacitación docente
Mecanismos de intervención institucional
El proyecto de ley prevé una reconfiguración de las guías de convivencia escolar vigentes en el territorio bonaerense. La intención es dotar al personal directivo y docente de herramientas prácticas y normativas homogéneas para abordar las problemáticas que exceden el espacio físico del aula.
Ejes de protección institucional: El protocolo propuesto exige garantizar el cese inmediato de cualquier vulneración activa, el resguardo idóneo de la prueba digital disponible para eventuales instancias legales y el diseño de estrategias pedagógicas que eviten la revictimización de las y los estudiantes afectados.
Asimismo, se establece un régimen de capacitación obligatoria, permanente y continua en materia de violencias digitales destinado a la totalidad de la planta trabajadora del sistema educativo provincial. Ello busca homogeneizar las respuestas institucionales ante dinámicas de hostigamiento digital, entendiendo el entorno virtual como una extensión indisoluble del espacio escolar cotidiano.
La presentación formal del proyecto contó con el respaldo institucional de legisladores de diversos bloques, autoridades del ámbito escolar provincial y delegaciones estudiantiles locales, quienes coincieron en la urgencia de legislar sobre entornos digitales con una sólida perspectiva de derechos humanos.
