Las estructuras judiciales de la provincia de Buenos Aires vuelven a encender la indignación social tras conocerse un veredicto que expone, una vez más, las enormes fisuras del sistema penal cuando se trata de proteger a los sectores más vulnerables.
Leonardo Cohen Arazi fue condenado por la promoción y facilitación de la prostitución de menores, en el marco de la resonante y dolorosa causa que salpicó a las divisiones inferiores del Club Atlético Independiente de Avellaneda. Sin embargo, los privilegios otorgados en la sentencia transforman el fallo en un verdadero insulto para las víctimas.
A pesar de la gravedad de la calificación —que contempla penas de entre 10 y 15 años de prisión según el Código Penal—, la Justicia determinó que el condenado cumpla la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda. Los beneficios no terminan allí: el tribunal dispuso un régimen que le permitirá salir de su domicilio casi todos los días de su vida, desdibujando por completo el carácter punitivo y ejemplar que demandaba un caso de explotación y vulneración infantil en el corazón del fútbol formativo bonaerense.
El caso, que estalló en 2018 y forzó la detención de Cohen Arazi en un penal provincial, decantó en un proceso donde la acusación por abuso sexual ya había sido descartada antes de llegar a la instancia de juicio oral. Los desgarradores testimonios recolectados durante la investigación daban cuenta de un perverso esquema de manipulación y vulnerabilidad económica, donde jóvenes futbolistas eran captados mediante entregas de dinero que apenas alcanzaban los 1.500 pesos de la época, en medio de situaciones que los propios damnificados describieron bajo un profundo sentimiento de asco y desamparo.
En paralelo a la tibia respuesta de los tribunales, las medidas complementarias impuestas por la Justicia rozan lo redundante, limitándose a prohibirle el desempeño laboral en entidades deportivas o educativas que alberguen menores de edad. Mientras el entramado judicial bonaerense valida este tipo de atenuantes para personajes vinculados al poder y los medios, las víctimas de las inferiores de Avellaneda asisten al cierre de un capítulo donde la impunidad parece caminar libre por las calles, dejando en evidencia la urgente necesidad de sacudir de raíz los criterios con los que se imparte justicia en nuestra provincia.
