El tablero turístico de Cuba ha sufrido un terremoto sin precedentes. La presión ejercida por la administración de Donald Trump, materializada en un decreto del pasado 1 de mayo que endureció las sanciones contra cualquier entidad o individuo que mantenga lazos comerciales con el conglomerado militar GAESA, ha forzado un éxodo masivo de las principales operadoras extranjeras.
Gigantes del sector como la española Meliá, Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la indonesia Archipelago International han confirmado su salida total o parcial de la isla, dejando a medio centenar de instalaciones en un limbo operativo.
En este escenario de asfixia económica, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció que el Ejecutivo permitirá la entrada de «nuevos actores» para gestionar la infraestructura vacante. «No podemos pensar en este momento solo en las grandes cadenas», admitió el mandatario, reconociendo que la presión de Washington ha vuelto inviable la permanencia de los socios tradicionales. La intención oficial es explorar «nuevas modalidades» de gestión inmobiliaria y turística que permitan mantener a flote la principal fuente de divisas de una economía cubana que, según cifras oficiales, ya registra una caída del 55,8% en la llegada de visitantes internacionales en comparación con 2025.
Un modelo bajo asedio
La retirada de las hoteleras no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una campaña de máxima presión que busca cortar el acceso del régimen a activos internacionales. Con el vencimiento de los plazos para cumplir con las órdenes ejecutivas estadounidenses, Cuba se enfrenta a una transformación forzada de su modelo turístico, un sector que fue, durante décadas, la «joya de la corona» del régimen y que hoy atraviesa su crisis más profunda.
Mientras el Gobierno prepara una batería de cambios económicos para ser presentados ante la Asamblea Nacional en julio, el sector se mantiene en vilo. La pregunta que flota en el Caribe es quiénes serán estos «nuevos actores» dispuestos a desafiar el cerco financiero de la Casa Blanca para gestionar hoteles que, hasta hace semanas, eran símbolos de la apertura económica cubana. La apuesta es arriesgada: el país intenta desesperadamente evitar el colapso total de una industria de la que depende la supervivencia de gran parte de su entramado estatal.
