Patricia Bullrich inició una ronda de reuniones con ministros de Salud de distintas jurisdicciones para recoger observaciones sobre el proyecto. La iniciativa propone cambios en derechos de los pacientes, tratamientos, internaciones y equipos interdisciplinarios, mientras organizaciones especializadas cuestionan el posible impacto de la reforma.
El oficialismo comenzó una ronda de consultas con autoridades sanitarias nacionales y provinciales para avanzar con la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. La iniciativa es impulsada por la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien busca incorporar las observaciones de las distintas jurisdicciones antes de continuar con el tratamiento parlamentario.
El objetivo planteado por el oficialismo es avanzar hacia un texto de consenso que contemple las particularidades de los sistemas sanitarios provinciales y reúna el respaldo necesario para continuar con su discusión en el Congreso.
Los primeros encuentros se realizaron este lunes de manera virtual y contaron con la participación de los ministros de Salud de CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.
La agenda continuará este martes por la mañana con representantes de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones. Por la tarde será el turno de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
La ronda de reuniones apunta a conocer la posición de las distintas provincias frente a una reforma que tendría impacto directo sobre los sistemas de atención de salud mental de cada jurisdicción.
Qué propone la reforma de la Ley de Salud Mental
El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso mediante el Mensaje 108/26 y comenzó a ser tratado en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado.
La apertura del debate estuvo a cargo de funcionarios relacionados con el área de Salud Mental del Ministerio de Salud. Posteriormente se desarrollaron dos jornadas de exposiciones con especialistas y representantes de diferentes sectores.
Según informó el oficialismo, participaron más de 70 expositores, entre especialistas, familiares de pacientes, asociaciones profesionales, funcionarios provinciales, trabajadores de la salud mental, integrantes del Poder Judicial y especialistas en derecho civil y sanitario.
El proyecto también fue analizado con senadores de distintos bloques. Desde el entorno de Bullrich señalaron que la presidencia de la Comisión de Salud mantuvo contactos con los despachos de los legisladores que integran el cuerpo o que expresaron interés en formular observaciones.
Los aportes recibidos fueron incorporados a la versión que actualmente se encuentra bajo análisis.
Entre las modificaciones planteadas aparecen cambios relacionados con derechos y garantías, además de la incorporación de acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria como parte de un piso federal.
En materia de derechos de los pacientes, la iniciativa propone incorporar un nuevo inciso a la Ley de Derechos del Paciente relacionado con las directivas anticipadas.
De esta manera, se contempla expresamente la posibilidad de que una persona pueda establecer de manera anticipada su consentimiento o rechazo frente a determinados tratamientos.
Cambios en los equipos de atención y las internaciones
El proyecto también introduce modificaciones en el abordaje de la salud mental y en la conformación de los equipos interdisciplinarios.
La propuesta establece que la integración de estos equipos estará determinada por la disponibilidad de recursos humanos de cada jurisdicción y contempla expresamente la utilización de la teleconsulta como una herramienta para ampliar la cobertura territorial.
Otro de los puntos centrales del debate es el régimen de internaciones.
El oficialismo pretende modificar parte del esquema vigente e incorporar al proyecto los aportes surgidos durante las jornadas de comisión y de las consultas realizadas con las distintas jurisdicciones.
Según el Gobierno, los cambios buscan adecuar el funcionamiento del sistema a las distintas realidades sanitarias y avanzar en una propuesta que pueda reunir consensos entre las provincias y los diferentes bloques del Congreso.
Las críticas a la reforma impulsada por el Gobierno
El proyecto también generó cuestionamientos entre organizaciones vinculadas con la salud mental.
Uno de los principales ejes de las críticas está relacionado con el cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental.
La Ley 26.657, sancionada en 2010, estableció un modelo basado en la atención comunitaria y en la sustitución progresiva de los hospitales psiquiátricos monovalentes por una red de dispositivos integrados al sistema general de salud.
Las organizaciones que rechazan la reforma sostienen que algunas de las modificaciones propuestas podrían flexibilizar ese esquema y favorecer nuevamente una lógica vinculada con el modelo manicomial.
La Asociación Argentina de Salud Mental manifestó su rechazo a la iniciativa y cuestionó algunos de sus puntos. La entidad sostuvo que determinadas modificaciones podrían afectar la red comunitaria y restringir derechos.
También cuestionó que el proyecto excluya a los usuarios de servicios de salud mental del Órgano de Revisión, organismo creado para controlar el respeto de los derechos de las personas internadas.
En una posición similar se expresó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que elaboró un informe técnico sobre la iniciativa.
La organización sostuvo que la reforma representa un retroceso respecto del modelo basado en derechos humanos que inspiró la legislación vigente y cuestionó un eventual debilitamiento de la obligación estatal de desarrollar una red comunitaria de atención.
Según esa mirada, los cambios podrían favorecer nuevamente al hospital psiquiátrico como dispositivo central dentro del sistema.
El presupuesto, otro punto de discusión
La cuestión presupuestaria también forma parte de las críticas al proyecto.
Entre los cambios cuestionados aparece la eliminación del piso presupuestario específico para salud mental establecido por la normativa vigente.
Los sectores que se oponen a la reforma advierten que eliminar esa referencia podría afectar el financiamiento de políticas y dispositivos destinados a la atención de pacientes.
En ese sentido, plantean que la discusión no debería limitarse a las modificaciones de la ley, sino que también debería contemplar los recursos necesarios para sostener equipos profesionales, dispositivos comunitarios, tratamientos ambulatorios y alternativas a las internaciones prolongadas.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con el lugar que tendría la psiquiatría dentro de los equipos de atención.
Los críticos consideran que un mayor peso de esa disciplina podría afectar el carácter interdisciplinario establecido por la legislación actual y desplazar otras áreas profesionales que forman parte del abordaje integral de la salud mental.
Con la ronda de consultas a las provincias, el Gobierno busca ahora incorporar nuevas observaciones al proyecto antes de avanzar con su tratamiento en el Senado, en medio de un debate que enfrenta posiciones contrapuestas sobre el modelo de atención, el financiamiento y el alcance de los cambios propuestos.
