La Casa Rosada considera que la aclaración de la Corte Suprema sobre su fallo permitió ordenar el escenario y apunta a que los bloques aliados analicen por separado el régimen de tierras rurales y la continuidad del decreto.
El Gobierno considera que la aclaración realizada por la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras permitió reducir parte de la tensión política generada por el fallo inicial y busca aprovechar ese escenario para separar el tratamiento del régimen de tierras rurales del debate sobre el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados.
En la Casa Rosada reconocen que la primera resolución del máximo tribunal había generado un problema político importante, pero entienden que la precisión posterior permitió ordenar la discusión. La Corte aclaró que su sentencia no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, sino sobre la legitimación del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata para impulsar la causa.
El tribunal también dejó abierta la posibilidad de que se presenten nuevos planteos judiciales relacionados con el régimen de tierras y remarcó que su decisión no impide al Congreso ejercer sus facultades para tratar el decreto. Ese aspecto es considerado relevante por el Gobierno para intentar diferenciar las dos discusiones.
Desde el oficialismo sostienen que la aclaración permite abordar de manera específica la cuestión vinculada con la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, sin trasladar necesariamente ese debate a una decisión sobre la vigencia completa del DNU.
La estrategia apunta principalmente a los sectores dialoguistas. Cerca de la conducción parlamentaria consideran que, si se mantiene separada la discusión, los bloques aliados podrían fijar una posición sobre la Ley de Tierras sin que eso implique acompañar un rechazo integral del decreto.
En ese marco, la Casa Rosada pretende avanzar durante los próximos días con la posibilidad de otorgarle un tratamiento legislativo propio al régimen de tierras. El objetivo es evitar que la discusión sobre ese punto se convierta en un elemento que permita reunir una mayoría parlamentaria contra el DNU completo.
Una de las alternativas que continúa sobre la mesa es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y todavía debe ser tratado por Diputados. El oficialismo había decidido retirar de esa iniciativa el capítulo relacionado con las tierras luego de no conseguir el respaldo suficiente entre sus aliados.
Ahora, la estrategia que evalúa el Gobierno consiste en analizar una solución específica sobre los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros y utilizar ese entendimiento para mantener separado ese asunto del resto de las disposiciones incluidas en el DNU.
Sin embargo, la aclaración de la Corte no significa que el conflicto parlamentario haya quedado resuelto. La oposición convocó a una sesión especial para el 15 de octubre para tratar el rechazo del DNU, junto con proyectos relacionados con Discapacidad y endeudamiento familiar. Para habilitar la sesión será necesario reunir 129 diputados. La convocatoria para esa fecha también fue reportada públicamente en los últimos días.
El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024. Por ese motivo, si la Cámara de Diputados también votara en contra, se completaría el procedimiento establecido por la Ley 26.122.
En este escenario, el oficialismo concentra parte de la negociación en los bloques dialoguistas y en diputados vinculados con gobernadores. Algunos de esos sectores cuestionaron la eliminación total de las restricciones para compradores extranjeros, aunque mantienen posiciones diferentes frente a las restantes reformas incluidas en el DNU.
El Gobierno considera que esas diferencias pueden ser relevantes para el tratamiento parlamentario. La intención inmediata es evitar que el debate sobre la derogación de la Ley de Tierras se convierta en un punto de coincidencia entre distintos bloques para avanzar contra el decreto en su conjunto.
La aclaración de la Corte es interpretada por la Casa Rosada como un elemento que permite ordenar esa negociación. El máximo tribunal no modificó el escenario parlamentario del DNU ni cerró la discusión judicial relacionada con las tierras, pero su precisión dejó diferenciados el alcance de la sentencia y las facultades del Congreso.
