Los magistrados del máximo tribunal penal del país propusieron al Ministerio de Justicia no cubrir las cuatro vacantes actuales. El proyecto requeriría una reforma de la ley orgánica y genera controversia entre los postulantes que ya concursaron para esos cargos.
La Cámara Federal de Casación Penal podría sufrir una modificación estructural de fondo. En una reciente reunión entre los jueces del tribunal y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se planteó la posibilidad de reducir el número de integrantes de 13 a 9 magistrados. La iniciativa, que cuenta con el visto bueno inicial del Poder Ejecutivo, busca oficializar el funcionamiento actual del cuerpo, que hoy opera con nueve jueces debido a cuatro vacantes que permanecen sin cubrir tras jubilaciones y renuncias recientes.
El argumento central esgrimido por los magistrados ante la cartera de Justicia es la eficiencia operativa. Según las estadísticas internas del tribunal, la productividad de las salas no se ha visto afectada por la ausencia de cuatro titulares, ya que el sistema de subrogancias funciona de manera similar al «colegio de jueces» contemplado en el nuevo Código Procesal Penal acusatorio. Desde el Gobierno nacional indicaron que no hay urgencia en nombrar nuevos jueces si el tribunal demuestra una gestión funcional y eficiente bajo su conformación actual.
Sin embargo, la propuesta enfrenta obstáculos técnicos y legales. Para concretar el cambio, es necesario que el Congreso de la Nación apruebe una reforma a la ley orgánica de la justicia nacional y federal. Actualmente, existen dos borradores de proyectos de ley en análisis. El punto de mayor fricción reside en el Consejo de la Magistratura, donde ya se realizaron los concursos (iniciados en 2022) para cubrir esas mismas vacantes, con candidatos seleccionados y en etapas avanzadas de evaluación.
Entre los postulantes mejor posicionados se encuentran jueces de tribunales orales y fiscales de reconocida trayectoria, quienes expresaron su malestar ante la posibilidad de que se anulen las vacantes tras años de proceso selectivo. Según fuentes judiciales, la decisión final dependerá del consenso político que el oficialismo logre cosechar entre sus aliados legislativos para avanzar con la reducción de cargos en uno de los tribunales más estratégicos del país, encargado de revisar las causas por corrupción pública.El argumento central esgrimido por los magistrados ante la cartera de Justicia es la eficiencia operativa. Según las estadísticas internas del tribunal, la productividad de las salas no se ha visto afectada por la ausencia de cuatro titulares, ya que el sistema de subrogancias funciona de manera similar al «colegio de jueces» contemplado en el nuevo Código Procesal Penal acusatorio. Desde el Gobierno nacional indicaron que no hay urgencia en nombrar nuevos jueces si el tribunal demuestra una gestión funcional y eficiente bajo su conformación actual.
Sin embargo, la propuesta enfrenta obstáculos técnicos y legales. Para concretar el cambio, es necesario que el Congreso de la Nación apruebe una reforma a la ley orgánica de la justicia nacional y federal. Actualmente, existen dos borradores de proyectos de ley en análisis. El punto de mayor fricción reside en el Consejo de la Magistratura, donde ya se realizaron los concursos (iniciados en 2022) para cubrir esas mismas vacantes, con candidatos seleccionados y en etapas avanzadas de evaluación.
Entre los postulantes mejor posicionados se encuentran jueces de tribunales orales y fiscales de reconocida trayectoria, quienes expresaron su malestar ante la posibilidad de que se anulen las vacantes tras años de proceso selectivo. Según fuentes judiciales, la decisión final dependerá del consenso político que el oficialismo logre cosechar entre sus aliados legislativos para avanzar con la reducción de cargos en uno de los tribunales más estratégicos del país, encargado de revisar las causas por corrupción pública.
