Las cámaras del sector denuncian una deuda estatal de $128.000 millones y advierten que la prestación del servicio es insostenible por el aumento del gasoil.
Las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se declararon este lunes en estado de emergencia operativa. Las entidades gremiales empresarias advirtieron que, de no normalizarse el flujo de fondos y los subsidios, se iniciará un proceso de racionalización de servicios que afectará directamente la frecuencia de las unidades en las calles de la Provincia y la Capital.
El conflicto se centra en un desfasaje de costos críticos que el sector privado estima en $128.000 millones. Según el comunicado oficial, tanto el Estado Nacional como el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mantienen deudas millonarias en concepto de compensaciones tarifarias que no han sido actualizadas frente a la inflación.
A la falta de pago se suma el impacto del reciente incremento en el precio del gasoil, insumo básico que encarece la logística diaria. Las cámaras sostienen que han agotado la capacidad de financiamiento propio y que la continuidad de la prestación habitual se encuentra en riesgo inminente ante la falta de definiciones concretas.
El sector espera una respuesta definitiva en la reunión técnica prevista para el próximo jueves 30 de abril. Las empresas ya adelantaron que, si no hay una solución en dicho encuentro, la baja de frecuencias será la única vía para evitar el colapso total de las compañías.
La situación coloca a millones de usuarios bonaerenses ante la posibilidad de demoras prolongadas y servicios reducidos durante las horas pico. El desenlace administrativo del conflicto determinará si el sistema de transporte terrestre puede evitar la parálisis operativa en los próximos días.
