El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó el pago de cinco millones de pesos por cada uno de los buscados, quienes registran pedidos de captura locales e internacionales por operar una red ilegal entre Argentina y Chile.
El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un fondo de cuarenta millones de pesos destinados a localizar a ocho integrantes prófugos de una organización transnacional de contrabando de armamento. El dictamen quedó firme a través de la publicación de la Resolución 462/2026 en el Boletín Oficial, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, activando los protocolos de búsqueda en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y los pasos fronterizos.
La medida del Poder Ejecutivo nacional responde a la manda dictada por el Juzgado Federal Número 3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica. Los imputados registran órdenes de detención locales vigentes desde mayo de 2024 y alertas rojas de Interpol emitidas en agosto de 2025, tras ser identificados como los eslabones operativos del traslado ilegal de material bélico bajo la Ley 22.415.
El listado oficial de buscados expone la filiación de tres ciudadanos argentinos y cinco de nacionalidad chilena. Entre las identidades certificadas se encuentran Carlos Damián Algañaraz, alias «El Porteño»; Zaira Nahir Basaez; Selene Anahí Obregón; Franco Simón Basaez Vílchez; Lisandro Eduardo Basaez Morales; Kevin Matías Sandoval González; Yoel Ignacio Beaumont Sandoval y Aldana Matilde Glaria Orellana.
El cobro del beneficio económico está condicionado a la entrega de datos precisos y comprobables que faciliten la inmediata detención de los sospechosos. La reglamentación del área de seguridad estatal determinó que el incentivo excluye a los partícipes del delito y que el canal oficial habilitado para recepcionar de manera anónima la información es la línea telefónica gratuita 134.
Las fuerzas de seguridad federales y las policías provinciales mantienen el estado de alerta activa en las principales terminales de transporte y rutas comerciales de la provincia de Buenos Aires. La fiscalización permanente busca cortar las vías de escape terrestres de los evadidos mientras se procesan los llamados civiles ingresados al Programa Nacional de Recompensas.
