Las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre supuestas explosiones subterráneas en los yacimientos fueron relativizadas por los peritos del sector energético global.
La administración petrolera internacional ingresó en una fase de monitoreo crítico tras las reiteradas declaraciones del Poder Ejecutivo norteamericano respecto al estado técnico de los pozos en Irán. El presidente Donald Trump aseguró de forma pública que la interrupción forzada del flujo de crudo provocará la destrucción mecánica y geológica de los yacimientos, afirmando que las estructuras subterráneas colapsarán de manera irreversible por la acumulación de presión interna.
El origen del conflicto técnico radica en el cierre operativo de los pozos debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, una medida que dejó a las empresas locales sin capacidad física de almacenamiento para el gas y el petróleo extraídos. Los informes de los especialistas en ingeniería de reservorios confirman que detener la producción altera el equilibrio de las presiones subterráneas y puede generar filtraciones de agua o corrosión en las tuberías de hormigón.
Sin embargo, los peritajes emitidos por el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia contradicen el diagnóstico de catástrofe inmediata presentado por la Casa Blanca. Las certificaciones técnicas demuestran que la industria de la región ya superó con éxito cierres prolongados durante las restricciones de la pandemia y los topes fijados por la OPEP, descartando la posibilidad de detonaciones en la superficie.
El restablecimiento de las operaciones requerirá un proceso secuencial de varias semanas para balancear la inyección de fluidos y evitar desmoronamientos en las redes de extracción conectadas. Los operadores internacionales mantienen caudales mínimos de seguridad en las plataformas para prevenir la pérdida definitiva del flujo, una maniobra estandarizada que anula los pronósticos de destrucción total difundidos por el gobierno estadounidense.
Las autoridades del mercado de combustibles mantienen el seguimiento de las variables de presión en las cuencas mientras sigan vigentes las sanciones comerciales.
