El Tribunal Oral Federal Número 2 dictó la sentencia contra el falso pastor de la organización que captaba personas vulnerables. Su esposa y dos colaboradores recibieron penas de cuatro años.
El Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba dictó una condena de nueve años de prisión efectiva para el líder de una red coercitiva que operaba bajo la fachada de una agrupación religiosa. La sentencia judicial validó las pruebas presentadas por la fiscalía general y declaró al imputado culpable del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, confirmando la existencia de un régimen de sometimiento psicológico, hacinamiento y despersonalización absoluta que afectó a múltiples damnificados.
La investigación penal preparatoria, instruida originalmente por las fiscalías federales especializadas, determinó que la organización delictiva denominada «Dimensión Cielo» inició sus actividades ilícitas en la provincia de Tucumán y posteriormente consolidó su base operativa en territorio cordobés. El mecanismo de captación se ejecutaba a través de plataformas digitales y redes sociales, donde el principal condenado se presentaba como una autoridad espiritual para atraer a ciudadanos que atravesaban situaciones de vulnerabilidad económica o emocional.
Los informes policiales incorporados al expediente judicial acreditaron las condiciones extremas a las que eran sometidas las víctimas una vez ingresadas al circuito cerrado. Las actas de los allanamientos constataron un escenario de aislamiento total, donde se obligaba a las personas a modificar su identidad y su aspecto físico, mientras cumplían jornadas de trabajo agrícola, inmobiliario y de producción comercial sin percibir ningún tipo de remuneración económica ni asistencia básica.
El fallo del tribunal incluyó además penas de cuatro años de prisión para la esposa del jefe de la organización y para dos colaboradores directos, quienes cumplían roles de control logístico y administración de los fondos comerciales generados por la servidumbre. Asimismo, los magistrados ordenaron un decomiso histórico de los bienes pertenecientes a la estructura criminal y fijaron reparaciones económicas directas para los afectados por un monto superior a los 80 millones de pesos.
La resolución penal deja acreditada la operatoria de los grupos coercitivos que utilizan argumentos de fe para cometer delitos federales en distintas jurisdicciones del país. Las autoridades judiciales y las fuerzas federales mantienen el monitoreo sobre redes de características similares, mientras se inicia el proceso de ejecución de las indemnizaciones dictadas para la asistencia de las víctimas rescatadas.
