La central obrera cuestionó con dureza el impacto de las modificaciones legislativas dispuestas por el Ejecutivo nacional.
En medio de un escenario de alta tensión política por la quita de derechos y la desinversión, la dirigencia sindical evalúa profundizar de inmediato su plan de lucha en las calles.
La Confederación General del Trabajo (CGT) reavivó su confrontación directa contra la administración central tras la oficialización del decreto 407, mediante el cual el Gobierno reglamentó aspectos estructurales de la reforma laboral en el Boletín Oficial. La normativa altera regulaciones históricas de la Ley de Contrato de Trabajo sobre registración de empleo, licencias médicas, desvinculaciones y trámites jubilatorios. Ante esta avanzada, el cosecretario general de la central obrera y referente del Sindicato del Vidrio, Cristian Jerónimo, impugnó la eficacia de la norma y advirtió de manera contundente que no descartan la convocatoria a un nuevo paro general.
Desde la perspectiva sindical, el balance de las políticas oficiales arroja resultados críticos para la masa trabajadora. «Desde que este gobierno planteó la reforma laboral lo único que vimos fue desinversión, salida de empresas y pérdida de puestos de trabajo», sentenció Jerónimo, echando por tierra los argumentos del oficialismo que defienden la flexibilización como un mecanismo de simplificación administrativa y fomento de la libertad gremial. El dirigente cegetista insistió en que el proyecto gubernamental posee un trasfondo perjudicial diseñado específicamente para desfinanciar a las organizaciones sindicales y liquidar conquistas tanto individuales como colectivas.
El debate interno de la CGT se dirime actualmente entre los sectores que promueven la resistencia institucional en los tribunales y aquellos que exigen una huelga masiva. Además de objetar las restricciones al derecho de huelga amparándose en precedentes de la Corte de La Haya, el sindicalismo plantó un fuerte desafío institucional frente al acatamiento selectivo de las leyes por parte del Ejecutivo. «Si el Gobierno no acata la ley de financiamiento universitario, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar una ley que tiene una carga negativa?», interpeló Jerónimo. Mientras define la escala local de las protestas, la central obrera trasladó la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra y llamó a construir una alternativa de poder político concreta.
