Mediante un decreto, el Ejecutivo prorrogó el funcionamiento de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas hasta julio de 2028 o hasta que cumpla sus objetivos. Además, le otorgó nuevas funciones vinculadas a la representación del Estado en empresas públicas.
El Gobierno nacional resolvió extender hasta julio de 2028 la vigencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el organismo encargado de coordinar el proceso de reestructuración y privatización de compañías estatales.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 611, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma establece que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria continuará funcionando dentro del Ministerio de Economía hasta el 19 de julio de 2028 o «hasta que cumpla sus objetivos, lo que ocurra primero».
Además de prolongar su funcionamiento, el Ejecutivo amplió las competencias de la agencia, que ahora también tendrá a su cargo la representación societaria del Estado en las 58 empresas donde posee participación accionaria y el control de idoneidad de los funcionarios propuestos para integrar sus directorios.
Nuevas funciones para la agencia
Hasta ahora, la principal tarea del organismo era coordinar los procesos de reorganización de empresas públicas, incluyendo concesiones, ventas de acciones y otras modalidades de participación privada.
Con la modificación introducida por el decreto, la Agencia de Transformación también deberá ejercer la representación del Estado Nacional en las compañías donde sea designada y evaluar previamente las condiciones de quienes sean propuestos para ocupar cargos directivos en esas firmas.
El Gobierno también ratificó a Diego Chaher al frente del organismo con rango de secretario y dispuso cambios en la estructura interna.
Entre ellos, Luciano Masnú Lardet pasó a desempeñarse como subdirector de la agencia con rango de subsecretario, mientras que Cristian García fue designado director ejecutivo de Procesos y Privatizaciones en carácter ad honorem.
Asimismo, fueron prorrogadas las designaciones de otros funcionarios que integran la conducción del organismo.
El plan para acelerar las privatizaciones
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo reconoció que durante los dos primeros años de funcionamiento la agencia no logró completar todas las metas previstas, por lo que consideró necesario extender su vigencia para garantizar la continuidad del proceso de transformación del sector público.
La prórroga coincide con la intención del Gobierno de acelerar el traspaso de empresas estatales al sector privado.
Según el programa financiero presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, la administración nacional proyecta obtener alrededor de US$ 2.300 millones entre lo que resta del año y 2027 mediante las privatizaciones en marcha.
Las empresas que integran el proceso
Entre las compañías que el Gobierno busca transferir al sector privado figura AySA, cuyo proceso licitatorio ya se encuentra en marcha y prevé la apertura de ofertas hacia fines de agosto.
También avanza la privatización del Belgrano Cargas, cuyos pliegos continúan en revisión y podrían publicarse en las próximas semanas.
En el área energética, el Ejecutivo impulsa la venta de las centrales termoeléctricas San Martín, ubicada en Timbúes (Santa Fe), y Manuel Belgrano, en Campana (Buenos Aires), como parte del proceso de privatización total de Enarsa.
A su vez, se proyecta una nueva etapa de privatizaciones de siete complejos hidroeléctricos distribuidos en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut.
En ese marco, la Subsecretaría de Energía Eléctrica ya avanzó con modificaciones en la titularidad de las centrales termoeléctricas mediante publicaciones oficiales, un paso previo al inicio del proceso de venta de acciones.
Con la prórroga de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el Gobierno busca dar continuidad al plan de reorganización del Estado y avanzar con los procesos de privatización previstos para los próximos años.
