Se conocieron las ofertas económicas para ocho corredores viales que suman 3.900 kilómetros y permitirán completar la privatización de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Además, Santa Fe asumirá el mantenimiento de un corredor estratégico para el complejo portuario de Rosario.
El Gobierno buscará mostrar este miércoles un nuevo avance de su estrategia para reactivar la infraestructura vial a través de concesiones privadas y una mayor participación de las provincias en la gestión de las rutas nacionales.
Por un lado, se realizó la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la etapa III de la Red Federal de Concesiones. La licitación contempla ocho tramos de la Red Vial Nacional —Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico— y representa el último paso para completar el paquete de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales que el Gobierno anunció hace un año como parte de la privatización de Corredores Viales.
En paralelo, está previsto que el Gobierno firme con la provincia de Santa Fe el primer convenio para transferir obras y tareas de mantenimiento sobre un corredor nacional estratégico para la actividad agroexportadora.
Más rutas privadas: se conocieron las ofertas para 3.900 kilómetros
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que este miércoles se realizó la apertura de los sobres con las ofertas económicas que permitirán avanzar en el traspaso del control, mantenimiento y los peajes de ocho tramos que abarcan 3.900 kilómetros en distintas zonas del país.
“Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos”, expresó Caputo en una publicación en X.
Entre las empresas y uniones transitorias que continúan en carrera se encuentra CPC, que presentó ofertas para los ocho corredores. También participa la UTE integrada por Rovial, Obring, José Eleuterio Pitón y Edeca, que compite por tres tramos, mientras que IEB Construcciones-Trading MRG busca quedarse con seis. Además, otras constructoras y consorcios siguen participando por distintos corredores de la red nacional.
Los tramos incluidos en esta etapa son:
- Tramo Centro: 681 kilómetros sobre las RN 9, 19 y 34.
- Tramo Mesopotámico: 276 kilómetros sobre las RN 12 y 18.
- Tramo Centro-Norte: 536 kilómetros sobre la RN 34.
- Tramo Noroeste: 596 kilómetros sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016.
- Tramo Litoral: 547 kilómetros sobre las RN 12 y 16.
- Tramo Noreste: 456 kilómetros sobre las RN 12 y 105.
- Tramo Chaco-Santa Fe: 497 kilómetros sobre la RN 11.
- Tramo Cuyo: 329 kilómetros sobre la RN 7.
El proceso se encuentra dentro de la privatización de Corredores Viales, autorizada por la Ley Bases de 2024 y reglamentada posteriormente mediante el decreto que estableció el régimen de concesión de obra pública por peaje.
Las concesiones tendrán una duración de 20 años y las empresas adjudicatarias deberán realizar una serie de obras de mejora antes de aplicar modificaciones en los cuadros tarifarios.
Santa Fe firmará el primer acuerdo para transferir la gestión de una ruta nacional
Este mediodía, la atención sobre las obras de infraestructura se trasladará a la Casa Rosada. Allí, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmarán junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, un convenio para transferir a la provincia las obras y el mantenimiento de la A012, corredor que incluye los accesos a los puertos del Gran Rosario.
Se trata de una de las principales vías logísticas del país debido a su conexión con el complejo agroexportador.
El acuerdo tendrá una vigencia de 20 años y permitirá que Santa Fe se haga cargo de las tareas de reparación y conservación de la traza. En tanto, cualquier esquema destinado al cobro de peajes deberá atravesar una tramitación adicional.
La firma del convenio representará el primer avance concreto del esquema habilitado por el Gobierno en abril mediante el decreto 253. La norma autorizó a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus respectivas jurisdicciones.
La delegación de facultades no implica el traspaso de la titularidad de las rutas. El Estado nacional continuará conservando el dominio público y la jurisdicción federal sobre los corredores, mientras que las provincias podrán asumir tareas relacionadas con la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, siempre que previamente suscriban convenios con la Dirección Nacional de Vialidad y cuenten con la aprobación de la Secretaría de Transporte.
Además, cada provincia deberá presentar un plan de obras, un esquema de financiamiento y las condiciones económicas de la concesión, que incluirán las tarifas de peaje y los plazos. Las concesiones podrán extenderse por hasta 30 años y los ingresos obtenidos deberán destinarse exclusivamente al corredor concesionado, sin posibilidad de utilizar esos fondos para financiar otras obras.
La estrategia oficial para ampliar la infraestructura sin comprometer el equilibrio fiscal
La decisión de avanzar al mismo tiempo con nuevas concesiones nacionales y con el traspaso de rutas a las provincias forma parte de la estrategia del Gobierno para apuntalar el crecimiento económico mediante inversiones en infraestructura, sin recurrir al modelo tradicional de obra pública financiada por el Estado.
A comienzos de julio, durante la presentación del programa financiero para los próximos 18 meses, Caputo sostuvo que el país dará un “salto muy importante” en infraestructura, impulsado por privatizaciones y concesiones.
El ministro mencionó, además de la privatización de Transener y la concesión de la Hidrovía, la futura licitación del Belgrano Cargas y las concesiones de rutas nacionales como proyectos destinados a fortalecer el crecimiento de la economía.
La iniciativa también se desarrolla en paralelo con las negociaciones que la Nación mantiene con distintas provincias interesadas en asumir la gestión de corredores nacionales que actualmente cuentan con concesiones vigentes.
En varios distritos, los reclamos por el deterioro de las rutas y la necesidad de mejorar la infraestructura logística para sectores como el agro, la minería y los hidrocarburos aceleraron las conversaciones para avanzar con nuevos convenios contemplados en el decreto 253.
