El presidente estadounidense busca restringir el llamado “turismo de parto” y modificar el acceso automático a la ciudadanía para ciertos nacidos en territorio norteamericano, pese a que la Corte Suprema había rechazado una iniciativa similar este año.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a impulsar medidas para limitar la ciudadanía por nacimiento y combatir el denominado “turismo de parto”, luego de cuestionar una reciente decisión de la Corte Suprema que frenó un intento anterior de su administración para restringir ese derecho.
“Tenemos una decisión muy desafortunada de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento”, afirmó Trump ante periodistas en la Oficina Oval, al referirse al fallo emitido por el máximo tribunal estadounidense a fines de junio.
El mandatario firmó dos nuevos decretos orientados a modificar las condiciones para acceder a la ciudadanía automática para hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos. La medida generó nuevamente un debate constitucional debido a que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
Los nuevos decretos impulsados por Trump
Uno de los decretos apunta contra los llamados “extranjeros enemigos”, integrantes de organizaciones terroristas extranjeras y personas que actúen o realicen tareas de presión política en representación de gobiernos extranjeros.
Según explicó Stephen Miller, vicesecretario general de la Casa Blanca y uno de los principales impulsores de la política migratoria de Trump, los hijos de personas incluidas dentro de esas categorías no serían considerados elegibles para obtener la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
El segundo decreto está enfocado en el denominado “turismo de parto”, una práctica que Trump y sectores conservadores cuestionan desde hace años. Se trata de casos en los que mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos con el objetivo principal de dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.
Miller presentó la iniciativa como una prohibición de esta práctica, aunque todavía no está claro qué cambios concretos incorporaría respecto de la legislación vigente, que ya establece restricciones para quienes solicitan visas con el propósito principal de conseguir la ciudadanía de un hijo nacido en territorio estadounidense.
El fallo de la Corte Suprema que frenó el intento anterior
La nueva ofensiva del Gobierno estadounidense llega después de que la Corte Suprema rechazara, el pasado 30 de junio, una orden ejecutiva previa de Trump destinada a limitar la ciudadanía por nacimiento.
En esa resolución, una mayoría de cinco jueces sostuvo que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía para las personas nacidas en Estados Unidos, incluso cuando sus padres se encuentran en el país de manera temporal o sin autorización migratoria.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, destacó en nombre de la mayoría que la ciudadanía por nacimiento representa un derecho fundamental dentro de la historia constitucional estadounidense.
“La ciudadanía era y es el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió Roberts, al remarcar que la Decimocuarta Enmienda extendió esa protección a toda persona nacida en territorio estadounidense.
El tribunal, sin embargo, reconoció que existen excepciones históricas a esta regla, como los hijos de diplomáticos extranjeros y los nacidos durante una ocupación hostil por parte de un enemigo.
La postura de los jueces conservadores
Varios integrantes del sector conservador de la Corte Suprema expresaron su desacuerdo con el fallo y consideraron que la decisión permitiría mantener casos de “turismo de parto”.
El juez Clarence Thomas sostuvo que la interpretación de la mayoría amplió el alcance de la Decimocuarta Enmienda y cuestionó que otorgue ciudadanía a hijos de personas extranjeras que ingresan al país con ese objetivo.
El magistrado Samuel Alito también planteó que la decisión protege incluso a los hijos de mujeres que viajan a Estados Unidos exclusivamente para dar a luz y luego regresan a sus países de origen.
En tanto, el juez Brett Kavanaugh coincidió con parte del planteo de Trump, aunque consideró que el decreto original de la administración estaba impedido por la legislación federal y no necesariamente por la Constitución.
La nueva iniciativa del presidente estadounidense promete abrir nuevamente una disputa judicial sobre los límites del poder presidencial y el alcance de la ciudadanía garantizada por la Constitución de Estados Unidos.
