La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó reemplazar al interventor de la seccional Zárate-Campana y estableció un triunvirato para conducir la organización a nivel nacional. Además, remitió a la Justicia penal un informe de Alberto Biglieri sobre presuntas irregularidades vinculadas con la administración del sindicato.
La nueva estructura de intervención en la UOM
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió modificar de manera sustancial el esquema de intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Entre las principales medidas, dispuso la designación de un nuevo interventor para la seccional Zárate-Campana y estableció un triunvirato para la conducción nacional del sindicato, con el objetivo de avanzar hacia la normalización de la organización y la convocatoria a elecciones.
El actual interventor, Alberto Biglieri, continuará vinculado a la conducción, aunque dejará de tener bajo su responsabilidad la seccional Zárate-Campana. En ese ámbito será reemplazado por el abogado Pablo Daniel Iglesias.
Al mismo tiempo, el tribunal resolvió remitir a la Justicia penal el informe trimestral de gestión presentado por Biglieri, debido a que allí se describen situaciones relacionadas con la administración del sindicato que, según los camaristas, “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.
El documento fue enviado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y a la Cámara Criminal y Correccional Federal, donde actualmente se tramitan expedientes relacionados con la contratación de USEM, una empresa vinculada con La Cámpora, por parte de la UOM para administrar fondos sindicales millonarios.
Iglesias asumirá en Zárate-Campana
La decisión judicial se tomó luego de que Biglieri expusiera en su informe las dificultades que encontró para avanzar con la normalización de la organización. Según describió, existían obstáculos que consideró “insalvables” tanto para realizar elecciones en Zárate-Campana como para concretar un proceso electoral a nivel nacional.
Ante esas dificultades, la Cámara resolvió intervenir nuevamente en la estructura y avanzar con una reorganización del esquema vigente.
De esta manera, Pablo Daniel Iglesias quedará al frente de la seccional Zárate-Campana y desplazará a Biglieri de esa función. El fallo destaca que Iglesias integró hasta hace poco tiempo el cuerpo de agentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y que posee conocimientos jurídicos considerados relevantes para la tarea que deberá desempeñar.
El tribunal estableció que tendrá las mismas facultades legales, reglamentarias y estatutarias de gobierno que tenía su antecesor. Entre sus principales objetivos estará la convocatoria a elecciones y el restablecimiento de la democracia sindical en la seccional en el menor plazo posible.
Un triunvirato para conducir la organización
La resolución también modificó la conducción de la intervención a nivel nacional. En lugar de mantener a un único interventor, la Cámara estableció un triunvirato integrado por Alberto Biglieri, Pablo Daniel Iglesias y Ariel Martín Alonso.
Los tres tendrán igual rango y atribuciones, mientras que las decisiones deberán resolverse mediante simple mayoría.
De acuerdo con los fundamentos del fallo, el nuevo esquema apunta a garantizar la gobernabilidad durante el proceso de normalización y evitar que eventuales situaciones como una disidencia, una ausencia o una enfermedad de alguno de los integrantes puedan generar un vacío de poder o impedir la toma de decisiones.
La modificación también contempla la situación particular de Biglieri, quien mantiene otras responsabilidades debido a su candidatura para ocupar un cargo en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Las elecciones para integrar ese organismo están previstas para el próximo 20 de octubre.
Por qué había sido intervenida la UOM
Biglieri había sido designado interventor de la UOM en mayo pasado por decisión de la misma Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
En aquella oportunidad, el tribunal anuló las elecciones realizadas a comienzos de marzo en la seccional Zárate-Campana al considerar que se habían producido irregularidades graves durante el proceso electoral.
Los camaristas Pesino y González cuestionaron particularmente la falta de condiciones que permitieran garantizar una elección “confiable, segura ni transparente”.
En aquellos comicios, el entonces titular de la seccional y dirigente de la UOM, Abel Furlán, había competido contra una lista opositora encabezada por Ángel Derosso.
Según explicó el tribunal, el mecanismo utilizado para custodiar y contabilizar los votos durante los tres días en que se desarrollaron las elecciones afectó la objetividad del proceso.
Para los camaristas, esa modalidad terminó por “destruir la objetividad de todo el proceso” y vulneró principios vinculados con la libertad y la democracia sindical contemplados tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales.
La respuesta judicial de Abel Furlán
La nueva resolución de la Cámara se conoce luego de que Abel Furlán presentara la semana pasada dos escritos en diferentes expedientes judiciales.
En esas presentaciones, el dirigente solicitó su sobreseimiento, rechazó las acusaciones relacionadas con la contratación de USEM y brindó explicaciones sobre la militante kirchnerista María Soledad Calle, quien adquirió el departamento ubicado debajo del inmueble de Cristina Kirchner.
En sus escritos, Furlán sostuvo que no hubo una cesión del control de los fondos sindicales a USEM. También afirmó que el servicio contratado por la UOM fue efectivamente prestado y que las decisiones vinculadas con esa contratación fueron adoptadas por los órganos internos de la organización.
Además, sus presentaciones cuestionaron lo que definió como una campaña político-mediática relacionada con la disputa interna que atraviesa al sindicato metalúrgico.
La nueva resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modifica ahora el esquema de intervención, mantiene a Biglieri dentro de la conducción nacional junto a Iglesias y Alonso, y deriva a la Justicia penal el informe que contiene las observaciones sobre la gestión anterior.
