Rodrigo Paz formalizó el acuerdo de financiación por 1.900 millones de dólares con el organismo internacional y concretó la eliminación de la subvención estatal al diésel, equiparando su valor a los costos internacionales para garantizar el abastecimiento permanente. Para amortiguar el impacto social, el Ejecutivo dispuso un paquete de bonos extraordinarios y créditos preferenciales para los sectores productivos y de transporte.
El Gobierno de Bolivia dio un paso trascendental en su política económica. El presidente Rodrigo Paz promulgó este domingo la Ley 1765 que formaliza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, una operación clave orientada a financiar un ambicioso programa de reformas y robustecer las reservas internacionales del país, que arrastraba severos desequilibrios fiscales y problemas de desabastecimiento energético.
La promulgación de la normativa —publicada directamente en la Gaceta Oficial— se concretó apenas horas después de que el jefe de Estado anunciara en la medianoche del viernes una medida de alto voltaje político y social: el levantamiento de la subvención estatal al diésel. Con esta decisión, el litro del combustible pasó de costar 9,80 bolivianos (equivalente a un dólar) a 17,95 bolivianos (1,83 dólares), equiparando el valor interno a los costos reales de importación internacional.
Medidas de alivio y un compromiso con los multilaterales
Con el fin de mitigar el impacto de la medida en los sectores más vulnerables y productivos, la administración de Paz anunció un paquete compensatorio que incluye un nuevo pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad para 2,9 millones de personas, el incremento del bono escolar de 200 a 300 bolivianos y la eliminación de impuestos a la importación de bienes de capital, semillas e insumos productivos. Asimismo, se dispondrán 800 millones de bolivianos en créditos con tasas preferenciales cercanas al 6% anual destinados a transportistas, gremiales y comerciantes.
El acuerdo con el organismo multilateral, que contempla un plazo de devolución de hasta diez años y un periodo de gracia, prevé además que Bolivia pueda captar financiamiento adicional por unos 5.000 millones de dólares de otras entidades. Tras firmar la norma, el mandatario viajó rumbo a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y mantener reuniones bilaterales vinculadas al plan económico, mientras en el plano interno el Ejecutivo busca garantizar el suministro permanente de carburantes y reorientar los recursos públicos hacia infraestructura escolar, hospitalaria y vial.
