De unas 6.000 empresas alcanzadas por el nuevo sistema, solo alrededor de 800 cerraron contratos de abastecimiento. Industriales Pymes Argentinos advirtió que algunas facturas llegaron a cuadruplicarse y que incluso hubo compañías que pagaron costos cercanos al doble de lo acordado.
El nuevo esquema del mercado eléctrico comenzó a generar un fuerte impacto entre las pequeñas y medianas empresas, en un contexto marcado por la caída de la actividad y del consumo. Según denunció Industriales Pymes Argentinos (IPA), algunas compañías recibieron facturas de electricidad con importes que llegaron a cuadruplicarse, mientras que otras que habían firmado contratos de abastecimiento terminaron afrontando costos cercanos al doble de los valores que habían pactado.
Ante este escenario, la entidad reclamó la intervención del Gobierno nacional y advirtió que el incremento de los gastos vinculados con la energía está provocando mayor endeudamiento y quebrantos entre las empresas.
El nuevo régimen comenzó a regir el 1° de noviembre de 2025, a partir de la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, que modificó las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y habilitó a los grandes usuarios a contratar de manera directa la energía y la potencia.
De acuerdo con el relevamiento realizado por IPA, alrededor de 6.000 empresas quedaron alcanzadas por el nuevo esquema, aunque solamente unas 800 concretaron acuerdos de abastecimiento.
Para la organización industrial, las dificultades no están vinculadas únicamente con el aumento de los costos energéticos. También cuestionó la manera en que se llevó adelante la transición hacia el nuevo sistema, debido a que las pymes tuvieron que comenzar a analizar precios, condiciones de suministro y obligaciones jurídicas propias de un mercado complejo mientras intentaban mantener sus niveles de producción, sus puestos de trabajo y sus compromisos financieros.
Reclamos por los contratos y las diferencias en los costos
IPA relevó que entre las empresas que no contrataron directamente su abastecimiento hubo casos en los que las facturas de electricidad llegaron a multiplicarse por cuatro.
Sin embargo, la entidad también detectó inconvenientes entre las compañías que sí habían firmado contratos. En esos casos, la aparición de cargos adicionales terminó elevando el costo final de la energía hasta valores cercanos al doble de lo establecido inicialmente, situación que derivó en controversias con los proveedores.
“Hacemos contratos y terminamos pagando la energía hasta el doble de lo que pactamos. Alguien tiene que intervenir. No interviene nadie y consideramos que estamos siendo estafados”, cuestionó la entidad pyme.
Desde IPA también señalaron la falta de información y acompañamiento que, según su planteo, acompañó la implementación del cambio de régimen. En ese sentido, remarcaron que las empresas tuvieron que incorporar conocimientos específicos sobre contratación energética en un momento en el que enfrentan dificultades para sostener la producción y las ventas.
“Estamos obligando a una pyme a convertirse de un día para otro en especialista en contratación energética, cuando debería estar pensando en cómo producir, vender y atravesar la crisis de consumo”, sostuvo la organización.
IPA cuestionó la transición del nuevo régimen
La entidad industrial también puso el foco en las condiciones previstas por la propia normativa para implementar el cambio. Según IPA, la regulación establecía que la transición debía desarrollarse de manera “gradual, ordenada y previsible”, pero consideró que esos objetivos no se cumplieron.
Por ese motivo, reclamó que se convoque de manera urgente a los sectores involucrados y que se revisen aquellos casos en los que existen diferencias significativas entre los precios establecidos en los contratos y los montos que finalmente aparecen en las facturas.
Para IPA, los efectos del nuevo esquema se producen además en un escenario en el que las pymes ya enfrentan una caída de la actividad y del consumo, por lo que el aumento de los costos energéticos agrega presión sobre sus finanzas.
“El costo de una transición mal implementada no puede terminar cayendo sobre la producción”, sostuvo la entidad.
Y agregó: “Sin información, sin planificación y sin una política energética de largo plazo que dé previsibilidad, el nuevo modelo no está resolviendo un problema: está agregando otro”.
