El equipo de Luis Caputo se apalanca en el rebote del EMAE de marzo, el boom exportador de la energía y las compras aceleradas del Banco Central para asegurar que la reactivación ya arrancó. Sin embargo, los sondeos privados advierten que el 87% de los trabajadores no llega a cubrir la canasta básica, abriendo una peligrosa brecha entre el relato oficial y la paciencia social.
El Palacio de Hacienda y el entorno íntimo del presidente Javier Milei exhiben un marcado optimismo en sus últimas reuniones informales con los operadores de la City, intentando instalar la premisa de que los indicadores de actividad comenzaron a convalidar el rumbo de su programa económico. El principal argumento del oficialismo se sostiene en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de marzo, que registró un avance del 3,5% mensual y del 5,5% interanual, mostrando signos de recuperación incluso en sectores históricamente golpeados como la industria y la construcción. A este repunte de la actividad se le suma un frente externo robusto, donde las exportaciones totales de abril se dispararon un 33,6% interanual con un saldo comercial de US$ 2.711 millones, traccionado principalmente por el sector energético que aportó US$ 1.402 millones netos. Con estas cifras sobre la mesa y un ritmo proyectado de compras del Banco Central que el equipo de Caputo busca capitalizar para desalentar cualquier expectativa de devaluación, el Gobierno confía en que la tendencia decreciente de la inflación —cuyo IPC de mayo las consultoras ubican cerca del 2%— termine por consolidar el escenario de reactivación.
Sin embargo, los analistas del mercado y las consultoras independientes advierten que la euforia oficial choca de frente con una economía con forma de serrucho y un clima social severamente desgastado por la pérdida acumulada de ingresos. Aunque la desaceleración inflacionaria es real, los datos primarios de abril no repitieron el desempeño de marzo y el salario real continúa perdiendo terreno frente al costo de vida por séptimo mes consecutivo. La gravedad de la situación social quedó reflejada en el último sondeo del portal de empleo Bumeran, el cual reveló que el 87% de los trabajadores argentinos afirma que su sueldo actual es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, mientras que el 74% considera que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses. El estudio arroja un dato aún más alarmante para el termómetro de la calle: al 73% de los encuestados el ingreso mensual le alcanza para menos de dos semanas y casi un tercio debe destinar el 100% de sus haberes de forma inmediata al pago de cuentas fijas como alquileres y alimentospenas cobran.
Esta marcada distancia entre las metas macroeconómicas y la economía real empieza a condicionar el humor político y vuelve a la opinión pública mucho más permeable ante las denuncias de desprolijidades patrimoniales dentro de la administración pública. Politólogos y directores universitarios como Juan Negri señalan que la tolerancia social hacia los ruidos políticos disminuye drásticamente cuando la situación del bolsillo no levanta en los comercios de cercanía. Mientras el viceministro José Luis Daza proyecta un futuro espectacular a largo plazo con exportaciones netas promedio de US$ 43.000 millones anuales entre los sectores de energía y minería para el período 2028-2031, el principal obstáculo del Poder Ejecutivo en el corto plazo radica en convencer al consumidor de a pie. El termómetro de la calle dista de convalidar los récords históricos que declama la Casa Rosada, ubicando la verdad económica en un punto intermedio donde la velocidad del derrame determinará el límite de la paciencia social.
