El dramático siniestro ocurrió en la provincia de Shanxi, considerada la capital del carbón en el gigante asiático. El yacimiento siniestrado ya había sido catalogado por el gobierno como un sitio con «graves riesgos de seguridad». Hay directivos detenidos y el presidente Xi Jinping exigió castigos ejemplares.
Una de las peores catástrofes mineras de los últimos años en el sudeste asiático viste de luto a la República Popular China. Al menos 90 trabajadores fallecieron y más de un centenar debieron ser hospitalizados con urgencia tras registrarse una violenta explosión por acumulación de gas metano y monóxido de carbono en el interior de la mina de carbón Liushenyu, ubicada en la provincia norteña de Shanxi. El devastador incidente se desató a las 19:29 hora local del viernes (11:29 GMT) en momentos en que un total de 247 operarios cumplían sus turnos de servicio en las galerías subterráneas. Un masivo despliegue de brigadas de rescate, paramédicos y unidades de alta complejidad trabaja a contrarreloj en la boca del yacimiento para localizar a posibles sobrevivientes atrapados, mientras la comunidad internacional vuelve a poner la lupa sobre las precarias condiciones laborales del sector energético chino.
La reconstrucción de la tragedia expone escenas de absoluto dramatismo en las profundidades de la mina, operada de forma privada por el Grupo Tongzhou. Según informes médicos de los centros asistenciales de Shanxi, la gran mayoría de los trabajadores que lograron ser evacuados con vida e internados presentan cuadros severos de intoxicación por inhalación de gases venenosos, registrándose además un paciente en estado crítico con quemaduras en las vías respiratorias. Los testimonios de los sobrevivientes reflejan que el estallido liberó nubes letales de manera inmediata. «No escuché ningún ruido, pero vi una repentina columna de humo y olí a azufre. Grité a la gente que corriera, pero mientras avanzábamos vi cómo mis compañeros se desplomaban asfixiados por el gas hasta que yo también perdí el conocimiento», relató Wang Yong, un minero lesionado que logró despertar una hora después y escapar junto a otro operario.
La catástrofe escaló rápidamente a la cúpula del poder político en Pekín. El presidente chino, Xi Jinping, emitió un comunicado oficial de urgencia a través de la agencia estatal Xinhua, en el que exigió redoblar los esfuerzos logísticos y organizar las operaciones de búsqueda y salvamento «de forma científica» para mitigar las consecuencias del siniestro. En un claro mensaje hacia el sector empresarial y las administraciones regionales, el mandatario demandó una investigación exhaustiva e instó a «prevenir y frenar con firmeza la ocurrencia de accidentes catastróficos». Como primera medida de impacto, los medios oficiales confirmaron que los directivos y responsables de la mina Liushenyu fueron detenidos de inmediato de manera preventiva bajo cargos de negligencia criminal.
El factor que mayor indignación despertó en la opinión pública local reside en que la tragedia era completamente evitable. El yacimiento de Shanxi —región que extrae unas 1.300 millones de toneladas de mineral al año— arrastraba un alarmante historial de infracciones: en 2024, la Administración Nacional de Seguridad Minera de China la había incluido formalmente en una «lista negra» de 1.128 explotaciones señaladas por albergar graves riesgos estructurales para la seguridad de su personal. Aunque el gigante asiático ha endurecido sus auditorías técnicas y clausurado miles de túneles clandestinos desde los trágicos derrumbes de 2009 en Heilongjiang (100 muertos) y de 2023 en Mongolia Interior (53 muertos), la desmedida demanda de carbón para sostener la matriz industrial expone de manera recurrente las severas fisuras de control en la principal potencia emisora de gases de efecto invernadero del planeta.
