El diputado Esteban Paulón presentó una denuncia en Comodoro Py tras detectarse consumos por 313.000 dólares. La causa investiga pagos en bares, peluquerías y servicios de playa realizados con fondos públicos.
La Justicia Federal inició una investigación formal por presunta malversación de caudales públicos en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, con sede operativa en la Provincia de Buenos Aires. La denuncia apunta a una serie de gastos irregulares detectados en una cuenta corporativa durante la gestión de Demian Reidel, los cuales incluyen consumos en free shops, adelantos de efectivo por 56 millones de pesos y servicios de recreación en el exterior.
La presentación judicial, que recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, se fundamenta en un informe de gestión oficial que detalla operaciones realizadas entre marzo de 2025 y enero de 2026. Entre los hallazgos más críticos figuran pagos en paradores de playa en Valencia, consumos en pubs de Madrid y múltiples transferencias a través de plataformas digitales de pago, distribuidas en 20 países.
El documento revela que alrededor de 100 funcionarios de la compañía poseían acceso a plásticos corporativos para el pago de gastos personales. El denunciante resaltó que los adelantos de efectivo de 56.000.000 de pesos implican una maniobra para evadir los controles ex post facto del servicio financiero, contando presuntamente con la anuencia de autoridades de alto rango en las áreas de Economía y Jefatura de Gabinete.
Por su parte, el expresidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, utilizó sus canales oficiales para rechazar las acusaciones, alegando que los resúmenes mezclan datos de la totalidad de las tarjetas de la empresa. El exfuncionario aseguró que su actividad fue estrictamente laboral y solicitó que la Justicia investigue la trazabilidad de cada operación para deslindar responsabilidades individuales.
La magistrada deberá determinar ahora quiénes fueron los usuarios finales de las tarjetas y si los consumos se ajustaron al Régimen de Viáticos vigente para la Administración Pública Nacional. El avance de la pericia contable será determinante para establecer el alcance de las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.
