El país deberá cancelar USD 7.500 millones al organismo durante el próximo año, mientras que los desembolsos previstos alcanzarían los USD 1.700 millones. El Gobierno confía en acceder a los mercados, aunque el riesgo país y las tasas internacionales todavía representan un desafío.
El pago de la deuda con el FMI durante el próximo año representa una de las principales preocupaciones para el equipo económico. En pleno año electoral, el Gobierno deberá afrontar vencimientos por USD 7.500 millones, una cifra récord desde el regreso de Argentina al programa del organismo hace más de ocho años.
Tanto el Gobierno como el Fondo reconocen que se trata de un compromiso exigente. Sin embargo, por el momento no se analiza realizar modificaciones al programa vigente.
“No vemos a la Argentina necesitando financiamiento adicional del Fondo. Incluso bajo escenarios adversos, veo un gobierno muy comprometido con reconstruir reservas y una estrategia integral para garantizar el acceso al financiamiento durante 2027”, afirmó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo.
De acuerdo con el plan financiero presentado por el Gobierno para el segundo semestre de 2026 y todo 2027, Argentina deberá pagar al FMI USD 4.400 millones correspondientes al capital y otros USD 3.100 millones en concepto de intereses hasta fines del próximo año.
Al mismo tiempo, el organismo realizará desembolsos a favor del país por un total de USD 1.700 millones. De esta manera, los pagos netos que deberá afrontar el Gobierno alcanzarán los USD 5.800 millones.
El denominado “Plan A”, acordado entre el FMI y el Gobierno al momento de firmar el nuevo programa a comienzos de 2025, contemplaba el regreso de Argentina a los mercados internacionales de crédito. La estrategia buscaba conseguir los recursos necesarios para comenzar a cancelar la deuda con el organismo, que supera los USD 50.000 millones.
Sin embargo, hasta el momento ese objetivo no pudo concretarse y persisten las dudas sobre la posibilidad de que el país consiga volver a financiarse en los mercados antes de las elecciones presidenciales.
Si bien el riesgo país descendió, todavía permanece en un nivel elevado de 440 puntos básicos. A esto se suma el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a diez años, referencia para los mercados internacionales, que alcanzó el 4,70% anual.
En este escenario, el Gobierno necesita que se produzcan dos condiciones al mismo tiempo: que el riesgo país continúe bajando hasta ubicarse, al menos, en torno a los 350 puntos básicos y que el rendimiento de los bonos estadounidenses descienda hasta aproximadamente el 4% anual.
Según la presentación del plan financiero realizada tres semanas atrás, Caputo aseguró que el Gobierno podrá afrontar todos los compromisos financieros de 2027, que en conjunto ascienden a casi USD 25.000 millones.
Para cumplir con ese objetivo, el ministro de Economía explicó que continuarán las colocaciones de deuda en el mercado local por unos USD 5.000 millones. Además, el Banco Central debería mantener un fuerte ritmo de compra de dólares para luego transferirlos al Tesoro, una estrategia que ya se implementó durante este año.
Una de las principales incógnitas es si el BCRA tendrá margen para adquirir más de USD 10.000 millones, tal como se planteó para este año. En ese sentido, también será determinante la evolución de la dolarización de los ahorristas.
La expectativa es que la demanda de divisas para atesoramiento aumente de manera significativa a medida que se aproximen las elecciones presidenciales. Si esto ocurre, el espacio para que el Banco Central mantenga el ritmo de compras sería menor y obligaría a revisar el programa financiero y sus fuentes de financiamiento.
Por el momento, la alternativa de renegociar el acuerdo con el FMI para obtener mayor margen durante 2027 no aparece entre las opciones que el Gobierno plantea públicamente, especialmente ante la posibilidad de que el acceso a los mercados internacionales continúe cerrado.
Una alternativa podría consistir en afrontar los vencimientos de intereses utilizando recursos provenientes del superávit fiscal y, al mismo tiempo, obtener nuevos desembolsos del Fondo para cubrir la totalidad de los pagos de capital, que alcanzan los USD 4.400 millones.
Al ser Estados Unidos el principal accionista del FMI, esta posibilidad no resulta descartada. El año pasado, el Tesoro estadounidense intervino para asistir al Gobierno durante una corrida cambiaria, por lo que tampoco se descarta que el organismo pueda brindar respaldo ante un escenario de mayor presión financiera.
Las declaraciones de Georgieva durante su breve visita a Argentina reflejaron el respaldo del FMI al Gobierno y a su programa económico, en línea con la postura que también mantiene la administración estadounidense.
