La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar los artículos vinculados a la actualización de salarios y becas universitarias. Tras el rechazo al recurso presentado por la Casa Rosada, el Gobierno deberá avanzar con el cumplimiento de la norma.
El Gobierno nacional quedó sin margen para seguir postergando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Luego de 247 días de incumplimiento, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por la Casa Rosada y dejó firme la medida cautelar que ordena cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, relacionados con la actualización de salarios docentes y no docentes, además de distintas becas estudiantiles.
La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el planteo del Ejecutivo al considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva. También rechazaron el pedido para que los magistrados se excusaran de intervenir en la causa y ordenaron al Gobierno cumplir con la resolución judicial.
La cautelar fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), luego de que el Ejecutivo se negara a implementar la ley al sostener que la norma no establecía de dónde debían salir los recursos para financiarla.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, destacó la resolución judicial y sostuvo que se trata de «una gran noticia» no solo para las universidades, sino también para el funcionamiento institucional del país.
Qué implica el fallo
La resolución obliga al Gobierno a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. También alcanza a las Becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otros programas que quedaron comprendidos en la normativa.
Desde el Frente Universitario celebraron la decisión de la Corte, luego de más de dos años marcados por movilizaciones, paros, clases públicas, tomas de edificios y cuatro marchas nacionales en defensa de la universidad pública.
La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, afirmó que el fallo representa un límite al incumplimiento de una ley aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia, aunque advirtió que todavía resta recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
Días antes del fallo, el Gobierno había acordado con el CIN y los gremios un incremento salarial del 24,9% para los trabajadores universitarios. Sin embargo, según las organizaciones sindicales, esa recomposición solo cubre parcialmente la pérdida sufrida y todavía sería necesario un aumento adicional cercano al 30% para cumplir con lo establecido por la ley.
La secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, remarcó que la deuda salarial continúa vigente y sostuvo que el Ejecutivo deberá convocar nuevas paritarias para completar la actualización correspondiente.
Becas y conflicto abierto
Otro de los puntos contemplados en el acuerdo reciente fue la actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano. No obstante, con la decisión de la Corte también deberán actualizarse otras prestaciones que permanecen congeladas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, como las Becas Progresar y las destinadas a estudiantes de Enfermería.
Desde la Federación Universitaria Argentina señalaron que, si bien el fallo representa un avance importante, el conflicto universitario continúa mientras persistan los salarios deteriorados y miles de estudiantes sigan afectados por la falta de actualización de las becas.
Por su parte, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, consideró que la resolución judicial también puede contribuir a frenar la salida de docentes del sistema universitario público. Según datos de Conadu, cerca de 10 mil docentes dejaron sus cargos desde el inicio de la actual gestión debido al deterioro salarial.
Cómo llegó el conflicto a la Justicia
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Senado en agosto de 2025, pero un mes más tarde fue vetada por el presidente Javier Milei al considerar que implicaba un costo fiscal elevado. Posteriormente, el Congreso rechazó ese veto, aunque el Gobierno suspendió su aplicación mediante un decreto hasta que se definieran las fuentes de financiamiento.
Frente a esa decisión, el CIN promovió una acción de amparo. En diciembre de 2025, el juez Martín Cormick ordenó aplicar de inmediato los artículos referidos a salarios y becas. Esa resolución fue confirmada en marzo de 2026 por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ahora quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema.
Aún resta resolver la cuestión de fondo
Más allá de la cautelar, todavía continúa pendiente la resolución definitiva sobre el resto de la ley, que incluye aspectos vinculados a los gastos de funcionamiento de las universidades y la inversión en ciencia y tecnología.
Desde el CIN señalaron que, independientemente de cómo avance esa discusión judicial, el Gobierno debe cumplir de manera inmediata con la actualización de salarios y becas establecida en la medida cautelar.
Bartolacci también agradeció el acompañamiento de la comunidad universitaria y de la sociedad durante las movilizaciones realizadas en defensa de la universidad pública, al considerar que ese respaldo fue determinante para llegar a esta instancia judicial.
