El dato de inflación de abril se ubicó en el 2,6% mientras el Poder Ejecutivo sostiene el blindaje político sobre el jefe de Gabinete frente a las denuncias judiciales.
El Gobierno nacional confirmó una desaceleración de la inflación en el mes de abril, alcanzando un 2,6% según los datos oficiales del INDEC. Esta cifra representa una baja de 0,8 puntos respecto al mes anterior. Pese al indicador positivo, la administración central enfrenta un escenario de parálisis operativa debido a las investigaciones judiciales que involucran al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito y a las tensiones en el entorno presidencial.
La estrategia oficial consiste en disociar la agenda judicial de la dinámica macroeconómica. Desde el Poder Ejecutivo se ratificó la continuidad del ministro coordinador, descartando que las denuncias afecten la recuperación de la actividad o el descenso del Riesgo País, que perforó la barrera de los 500 puntos. El presidente Javier Milei manifestó su disposición a sostener a los funcionarios cuestionados, priorizando la estabilidad del esquema político.
En paralelo, la gestión diaria se ve afectada por una marcada interna entre la Secretaría General de la Presidencia y el asesoramiento estratégico. Esta falta de cohesión, admitida en los despachos de Balcarce 50, se traduce en una dificultad para recuperar la iniciativa política. No obstante, el oficialismo confía en que la tendencia fiscal y monetaria permitirá alcanzar una inflación cercana a cero en los próximos meses del año.
La proyección del Gobierno se traslada ahora hacia el año 2027, fundamentando sus aspiraciones electorales exclusivamente en el éxito del programa económico. Mientras se aguarda una señal de recuperación más contundente en el consumo, la mesa política intenta avanzar en acuerdos con gobernadores para garantizar sustentabilidad legislativa a las reformas pendientes antes del inicio del receso invernal.
La administración libertaria apuesta a que el enfriamiento de los precios reordene el frente social y otorgue el tiempo necesario para consolidar la actividad económica. El cumplimiento de las metas fiscales sigue siendo el eje central del programa, mientras el jefe de Gabinete prepara su declaración jurada para responder ante la justicia por los movimientos patrimoniales denunciados.
