El Ejecutivo nacional descartó retomar el diálogo con la central obrera y confirmó que enviará un nuevo paquete legislativo al Congreso tras el receso invernal.
La administración central dio por finalizada cualquier instancia de negociación formal con la Confederación General del Trabajo tras la movilización a Plaza de Mayo. Fuentes oficiales confirmaron el inicio del diseño de una reforma sindical integral que buscará recuperar los puntos de control sobre el financiamiento y la elección de autoridades que fueron excluidos de la última ley laboral.
En Balcarce 50 aseguran que no existen reuniones ni contactos previstos con los secretarios generales en el corto plazo. La decisión política se fundamenta en la judicialización que la central obrera aplicó sobre el decreto de necesidad y urgente y la posterior reforma laboral, lo que el oficialismo interpreta como un agotamiento de la vía del consenso político.
La nueva iniciativa legislativa ingresará a las cámaras después de julio. El proyecto retomará la obligatoriedad de la conformidad expresa del trabajador para el descuento de cuotas solidarias y volverá a plantear la reducción de la contribución patronal a las obras sociales, actualmente fijada en el 6%, con el objetivo de llevarla al 5%.
Asimismo, el paquete normativo incluirá cambios estructurales en el Código Civil y Comercial con impacto directo en el régimen de asociaciones civiles. El foco estará puesto en la transparencia de los procesos electorales internos de los gremios y en la fiscalización de los fondos de las estructuras intermedias, sectores que el Gobierno identifica como núcleos de resistencia a la desregulación económica.
La estrategia del Ejecutivo se mantiene en dos frentes: la defensa técnica de las leyes vigentes en tribunales y la preparación del terreno legislativo para una ofensiva sobre el modelo sindical tradicional durante la segunda mitad del año.
