El organismo nacional oficializó las sanciones tras auditorías que revelaron irregularidades edilicias, falta de documentación y turnos falsos.
Las autoridades de la obra social de los jubilados confirmaron la rescisión de contratos a más de mil quinientos proveedores de servicios de salud en todo el territorio de la República Argentina. La medida, respaldada por el Ministerio de Salud de la Nación, se ejecutó luego de comprobarse maniobras de sobrefacturación, deficiencias higiénicas graves y la asignación irregular de turnos médicos que ponían en riesgo la atención.
Los procedimientos de control interno detectaron anomalías severas en diversas jurisdicciones, incluyendo clínicas con habilitaciones municipales vencidas y personal médico sin la correspondiente matrícula acreditada. Las inspecciones ratificaron la existencia de prestaciones emitidas de forma electrónica que carecían de respaldo documental o de firmas profesionales en las historias clínicas obligatorias.
El esquema criminal bajo investigación incluye la falsificación de órdenes médicas y la utilización no autorizada de datos pertenecientes a los afiliados. Informes técnicos detallaron casos donde un solo prestador registraba una cantidad de prácticas diarias que hubieran requerido jornadas laborales continuas de más de ochenta horas.
La dirección ejecutiva del instituto procedió a dar intervención formal al Ministerio Público Fiscal mediante la presentación de dos nuevas denuncias penales. Las acciones judiciales buscan determinar las responsabilidades materiales del fraude millonario que afectaba las partidas financieras destinadas a la cobertura de los beneficiarios.
La designación de la nueva Sindicatura General del PAMI busca consolidar la estructura de fiscalización permanente y el monitoreo digital de los umbrales de atención. Desde la conducción de la obra social aseguraron que la reestructuración de la cartilla médica no interrumpirá la continuidad de los tratamientos vigentes en las delegaciones provinciales.
