La administración central boliviana evalúa la aplicación de mecanismos de excepción si fracasan las mesas de diálogo con los sectores que mantienen paralizados los accesos a La Paz y El Alto.
El Poder Ejecutivo de Bolivia ratificó la posibilidad de implementar normativas de control más estrictas frente a las protestas y los cortes de rutas estratégicas que desabastecen de alimentos, combustible y oxígeno medicinal a los principales centros urbanos. El mandatario Rodrigo Paz Pereira condicionó la continuidad de las negociaciones al cese de las hostilidades, luego de confirmarse el fallecimiento de cuatro ciudadanos debido a la imposibilidad de recibir asistencia médica en los sectores bloqueados.
La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas emitieron un reporte conjunto de alerta tras la detección de grupos civiles encapuchados que portaban armamento de largo alcance en la región de Oruro. Las agencias estatales de seguridad confirmaron que los manifestantes, vinculados a la Central Obrera Boliviana y a sectores alineados con el expresidente Evo Morales, intentaron forzar las líneas de contención en la plaza Murillo, provocando disturbios que dejaron un saldo de periodistas y civiles heridos.
El escenario de conflicto motivó la intervención del gobierno de la República Argentina y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, administraciones que formalizaron su respaldo político al orden constitucional vigente en el país andino. El presidente Javier Milei autorizó el despliegue de aeronaves Hércules de la Fuerza Aérea para coordinar un puente aéreo de abastecimiento logístico de insumos médicos y alimentarios hacia las zonas que permanecen aisladas por los piquetes.
Las delegaciones ministeriales mantienen abiertos los canales de concertación durante el fin de semana con el propósito de destrabar el conflicto con las agrupaciones campesinas aymaras, aunque las autoridades adelantaron que las medidas de fuerza no podrán extenderse por fuera del marco legal que rige el proceso democrático.
