El Gobierno busca saltear las instancias intermedias para forzar una definición de la Corte Suprema sobre la reforma laboral, en un escenario de conflicto de competencias y resistencia sindical.
La presentación de un recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum) ante la Corte Suprema no es un movimiento procesal aislado, sino una decisión política estratégica. Al intentar evitar el paso por la Cámara de Apelaciones del Trabajo, la Procuración del Tesoro de la Nación busca neutralizar lo que el oficialismo considera un «territorio hostil»: un fuero históricamente cercano a las tesis del derecho protectorio que hoy bloquea el núcleo duro de la flexibilización laboral impulsada por el Ejecutivo.
Radiografía de un choque de poderes
La disputa por los 80 artículos suspendidos —que afectan desde el cálculo de indemnizaciones hasta el sistema de cuotas solidarias— revela una tensión estructural. Mientras el Gobierno argumenta que la reforma es una pieza fundamental para la competitividad económica, la CGT ha logrado, a través del Juzgado N° 63, un blindaje preventivo basado en el principio de progresividad del artículo 14 bis de la Constitución.
La estrategia oficial se apoya en dos pilares para invalidar el fallo del juez Raúl Ojeda:
La cuestión de competencia: El Gobierno sostiene que el fuero laboral carece de jurisdicción para tratar leyes de orden nacional, pretendiendo que el caso se dirima en el fuero Contencioso Administrativo Federal, un ámbito donde el Estado suele encontrar interpretaciones más favorables a la razonabilidad de sus actos administrativos.
La ausencia de «caso»: La Procuración cuestiona la legitimación de la CGT, señalando que una central obrera no puede impugnar una ley de forma abstracta sin demostrar un perjuicio concreto y actual sobre trabajadores individuales.
