El oficialismo despliega una batería de proyectos en ambas cámaras para desplazar el foco de la crisis judicial que atraviesa el jefe de Gabinete y reactivar la gestión parlamentaria.
Tras semanas de parálisis interna por las derivaciones del caso Adorni, el Poder Ejecutivo nacional apuesta a recuperar el control de la agenda política mediante una ofensiva en el Congreso de la Nación. El cronograma de trabajo incluye desde la presentación de incentivos para grandes inversiones extranjeras hasta modificaciones en subsidios energéticos y designaciones en el Poder Judicial, buscando demostrar capacidad de acción frente a los cuestionamientos de la oposición y sectores aliados.
Este lunes ingresará formalmente el proyecto de «superRIGI», diseñado para captar capitales en sectores productivos inexistentes en el país. En paralelo, la Cámara de Diputados sesionará este martes para tratar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, un punto central del acuerdo comercial con Estados Unidos que enfrenta la resistencia de laboratorios nacionales por el impacto en el mercado de medicamentos.
La estrategia oficialista contempla además el tratamiento de la denominada Ley Hojarasca y una reforma sustancial al régimen de Zonas Frías que recortaría subsidios al gas. Mientras tanto, en el Senado, la bancada de La Libertad Avanza prioriza las audiencias públicas para el nombramiento de jueces y fiscales federales, además de negociar modificaciones en el proyecto de Propiedad Privada para asegurar el acompañamiento legislativo.
El jueves se perfila como un día crítico ante el pedido de interpelación y posible moción de censura contra Manuel Adorni impulsado por bloques opositores. El éxito de esta maniobra oficialista dependerá de la capacidad para alinear votos en un recinto donde el malestar de socios estratégicos, como el PRO, ha comenzado a manifestarse públicamente a través de reclamos de mayor humildad y resultados de gestión.
La resolución de estas pujas legislativas determinará si el Ejecutivo logra blindar a su jefe de Gabinete o si la crisis política continúa condicionando el avance de las reformas estructurales propuestas.
