La crisis de seguridad en Haití ha cruzado una línea roja sin precedentes. James Boyard, director de gabinete del Ministerio de Defensa e inspector general de la Policía Nacional, fue secuestrado el pasado jueves en Bourdon, una de las pocas áreas de Puerto Príncipe que aún se consideraban bajo control estatal. Este acto, que constituye el secuestro de mayor perfil en la historia reciente del país caribeño, confirma que ni siquiera los funcionarios con custodia de élite están a salvo de la maquinaria criminal que hoy gobierna la capital.
Boyard, un reconocido politólogo y pieza clave en los intentos de reforma de las fuerzas de seguridad haitianas, fue interceptado en una zona que, paradójicamente, debía ser segura. Según expertos en inteligencia, el operativo fue ejecutado con una precisión quirúrgica, lo que abre la puerta a la hipótesis más sombría: la infiltración total de las fuerzas de seguridad o la colaboración interna. «Una persona de este rango cuenta con un equipo de seguridad importante», advirtió Diego Da Rin, analista del International Crisis Group, sugiriendo que la logística detrás del rapto fue planificada al detalle.
La red de las pandillas no perdona
El 70% de Puerto Príncipe se encuentra bajo el yugo de la coalición «Viv Ansanm», designada como organización terrorista por los Estados Unidos. Este secuestro no parece ser un hecho aislado, sino una escalada estratégica: las pandillas han comenzado a apuntar directamente a funcionarios públicos y personas de alto perfil para presionar al Estado. Las autoridades temen que el objetivo sea doblegar la voluntad política del Ejecutivo ante los recientes operativos contra bastiones como Village de Dieu, el feudo del temido líder pandillero «Izo».
Haití es hoy un país donde la línea entre el Estado y el crimen organizado se ha desvanecido. Con más de 1,4 millones de desplazados internos y una violencia que utiliza uniformes policiales falsos para montar retenes y capturar ciudadanos, la desaparición de Boyard deja al Gobierno de Haití en una posición de absoluta vulnerabilidad. Mientras se mantiene un hermético silencio sobre los responsables y las exigencias de rescate, el secuestro funciona como un mensaje directo: en la capital haitiana, las pandillas han dejado de ser un problema de orden público para convertirse en el poder fáctico que dicta el destino de la nación.
