La diputada nacional Marcela Pagano impulsó una presentación ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para promover el juicio político contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al considerar que incurrió en mal desempeño de sus funciones.
La denuncia, compuesta por 13 páginas, sostiene que el funcionario perdió la «idoneidad ética y funcional» necesaria para ejercer el cargo. La legisladora fundamentó la presentación en declaraciones públicas de Adorni sobre fondos no declarados, las rectificaciones realizadas en sus declaraciones juradas y las diferencias entre esos dichos y lo expresado durante su informe de gestión ante el Congreso.
En el escrito, Pagano afirmó que «un Jefe de Gabinete que admite haber evadido durante años, que ocultó deliberadamente su patrimonio y que mintió ante los representantes del pueblo de la Nación no reúne la idoneidad ética que la Constitución exige para el ejercicio del cargo». Además, solicitó que se produzcan pruebas y que avance el procedimiento previsto para este tipo de procesos.
Uno de los principales puntos de la denuncia se centra en una presunta contradicción respecto del patrimonio del funcionario. Según la diputada, el 29 de abril Adorni aseguró ante la Cámara de Diputados que «nunca existió ocultación alguna» sobre sus bienes.
Sin embargo, Pagano recordó que el 10 de junio el jefe de Gabinete reconoció públicamente haber mantenido fuera de sus declaraciones juradas alrededor de u$s500 mil. A partir de ese reconocimiento, sostuvo que una de las dos versiones necesariamente es falsa y que la declaración realizada ante el Congreso quedó desmentida por las posteriores manifestaciones del propio funcionario.
Los hechos señalados en la denuncia
La presentación enumera una serie de conductas que, según Pagano, fueron llevadas adelante por Adorni entre marzo y junio de 2026 y que constituyen los fundamentos del pedido de juicio político.
Omisión maliciosa y falsedad patrimonial: se le atribuye haber omitido de manera deliberada la declaración de bienes por aproximadamente u$s500 mil en sus declaraciones juradas. También se sostiene que faltó a la verdad ante la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2026 al afirmar que «nunca existió ocultación alguna» sobre su patrimonio, declaración que, según la legisladora, fue contradicha por el propio funcionario tiempo después.
Autoincriminación como evasor: la diputada remarca que Adorni reconoció públicamente haber mantenido ahorros «en negro» durante cerca de 25 años para «escaparse de la vieja política», una conducta que considera incompatible con las responsabilidades del cargo.
Maniobras elusivas: la denuncia cuestiona que el funcionario haya adherido al régimen de «inocencia fiscal» establecido por la Ley 27.799 y presentado declaraciones juradas rectificativas de manera tardía, interpretando esas acciones como un intento de evitar las consecuencias derivadas de la omisión patrimonial.
Conflictos de interés y negociaciones incompatibles: en este punto se mencionan contratos de coproducción en RTA con una empresa vinculada al periodista Marcelo Grandío mientras los medios públicos se encontraban bajo la órbita de Adorni. También se señala la actividad de la consultora de su cónyuge (+Be), que habría recibido pagos de empresas proveedoras o contratistas del Estado, entre ellas una naviera contratista de YPF, mientras el funcionario ejercía sus funciones.
Dádivas: la presentación hace referencia a un viaje a Punta del Este en un avión privado costeado por Marcelo Grandío, titular de una empresa contratista del Estado que se encontraba bajo el área de competencia de Adorni.
Mal uso de recursos públicos (Peculado): la denuncia sostiene que el funcionario habría destinado recursos de la Policía Federal y de Gendarmería para la custodia personal y de su familia sin justificación legal. Además, indica que su cónyuge utilizó la aeronave presidencial en contradicción con un decreto impulsado por el propio jefe de Gabinete.
Pérdida de idoneidad: finalmente, Pagano sostiene que el conjunto de estas conductas, sumadas a la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito, comprometen la dignidad de la función pública y evidencian una falta de autoridad moral e idoneidad ética para continuar en el cargo.
La legisladora remarcó que el juicio político constituye un mecanismo de responsabilidad política y que no requiere una condena penal firme para avanzar, por lo que considera que la pérdida de idoneidad funcional y ética, cuando se encuentra reconocida o documentada, resulta suficiente para impulsar el procedimiento.
Manuel Adorni, Marcela Pagano, juicio político, Cámara de Diputados, política
