El mandatario provincial señaló que la caída de la recaudación y la retención de transferencias buscan disciplinar a los gobernadores en medio de la discusión por las reglas electorales.
El tablero político y económico volvió a tensarse al máximo. En una extensa columna de opinión titulada “Milei y las provincias: la extorsión como política de Estado”, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó una durísima acusación contra la administración de Javier Milei, a la que señaló de utilizar el recorte de fondos y la asfixia fiscal como un mecanismo deliberado de coacción política para condicionar las votaciones en el Congreso.
Más allá de la lógica de confrontación partidaria, el mandatario provincial puso sobre la mesa un diagnóstico que resuena en la mayoría de los distritos del país: la caída drástica de las transferencias no automáticas, el congelamiento de la obra pública y el impacto directo de la recesión sobre la recaudación coparticipable. Para Kicillof, la Casa Rosada traslada el costo del ajuste a las provincias, obligándolas a absorber demandas esenciales de salud, educación y seguridad con presupuestos profundamente debilitados.
Un reclamo federal que atraviesa las grietas
El planteo del gobernador bonaerense —quien en el último tiempo recorrió distritos de perfiles heterogéneos como Córdoba, Corrientes y Tierra del Fuego— refleja una preocupación que trasciende el peronismo. Jefes comunales y mandatarios provinciales de distintos signos políticos vienen advirtiendo sobre la insostenibilidad de un modelo donde el superávit fiscal nacional se sostiene sobre el colapso financiero de los distritos subnacionales.
En momentos en que el oficialismo nacional busca negociar reformas estructurales y electorales —como la posible modificación o suspensión de las PASO—, la pulseada por los recursos se convierte en el eje central de la disputa por la gobernabilidad. Kicillof advirtió que la institucionalidad del país no puede someterse a una «negociación de supervivencia financiera», encendiendo las alarmas de cara a un tramo del año donde el debate legislativo promete voltaje extremo y los gobernadores buscan redefinir su peso en la mesa de decisiones.
