La titular del Senado denunció el estado de las unidades de la Fuerza Aérea Argentina y la situación salarial de las fuerzas armadas en el territorio bonaerense
El conflicto interno en el Poder Ejecutivo nacional sumó un nuevo foco de tensión pública tras las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre las auditorías en el material bélico. La funcionaria calificó como un hecho de máxima gravedad las condiciones contractuales y técnicas en las que se aprobó la incorporación de un avión de transporte destinado a las bases operativas oficiales.
La polémica se centra en la compra de una unidad Embraer ERJ-140LR por una suma superior a los cuatro millones de dólares, operación que el diputado nacional Luis Petri denunció ante la Justicia Federal de la provincia de Buenos Aires. Los informes técnicos preliminares detectaron fallas estructurales severas, incluyendo presencia de óxido, corrosión en el sistema de frenos y pérdidas de fluidos en los motores de la aeronave.
La vicepresidenta vinculó de manera directa el millonario desembolso presupuestario con el retraso salarial que afecta al personal militar apostado en los distintos destacamentos de la región bonaerense. La denuncia pública también hizo hincapié en el desfinanciamiento estructural que sufre la obra social de las fuerzas armadas, limitando las prestaciones médicas esenciales.
Las pericias ordenadas en los tribunales federales buscarán determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que avalaron la transacción comercial por encima de los valores promedio del mercado internacional. Las dependencias judiciales bonaerenses avanzan con la recolección de los expedientes de compra de la Fuerza Aérea Argentina para auditar el circuito financiero.
La investigación penal continuará su curso en los tribunales correspondientes para deslindar las responsabilidades de los mandos jerárquicos involucrados.
