El canciller explicó que el Gobierno inició un arbitraje internacional para cuestionar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Londres tiene un plazo de 14 días para suspender las acciones vinculadas al proyecto y, de no hacerlo, la Argentina solicitará medidas provisionales.
El canciller Pablo Quirno explicó la estrategia del Gobierno argentino para intentar frenar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y confirmó que la Argentina recurrirá al Tribunal Internacional de Derecho del Mar si el Reino Unido no suspende las operaciones previstas.
La decisión se conoció luego de que el Gobierno denunciara vuelos sin autorización entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, atribuidos a la empresa Thales UK Limited, y anunciara procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas por ese episodio.
Durante una entrevista, Quirno vinculó las medidas con la estrategia anunciada por el presidente Javier Milei para cuestionar las licencias británicas relacionadas con la explotación de recursos naturales en el archipiélago.
“Significa un paso más en la estrategia que fue anunciada por el presidente Milei hace ya un par de semanas en cadena nacional”, sostuvo el canciller.
Como parte de ese procedimiento, el Gobierno argentino intimó al Reino Unido a detener, dentro de un plazo de 14 días, las acciones destinadas a poner en marcha Sea Lion. La posición argentina sostiene que la explotación de los recursos hidrocarburíferos no puede avanzar de manera unilateral mientras continúe la disputa de soberanía.
Quirno explicó que el plazo forma parte de los mecanismos contemplados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
“Si el Reino Unido no toma la decisión de suspender la explotación en las Islas Malvinas, nosotros vamos a ir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar para tener medidas provisionales que frenen esta situación”, afirmó.
El canciller también señaló que el Gobierno presentó un proyecto de Ley de Soberanía Nacional y busca ampliar el efecto disuasorio de las sanciones existentes para las empresas que operen bajo permisos otorgados por el Reino Unido.
“El entramado de presentarnos ante un tribunal internacional es para hacer valer nuestros derechos ante la decisión unilateral del Reino Unido”, planteó.
El primer arbitraje internacional por hidrocarburos en Malvinas
Quirno diferenció esta estrategia de otros antecedentes de la Argentina ante organismos internacionales, entre ellos las actuaciones relacionadas con la fragata Libertad, Laguna del Desierto y el canal de Beagle.
Según explicó, se trata de la primera vez que Argentina somete ante un tribunal internacional la cuestión de Malvinas específicamente en relación con la explotación de hidrocarburos.
La Casa Rosada sostiene que las tareas proyectadas en Sea Lion contradicen las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, mientras que la segunda exhortó a ambos países a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúe el diferendo.
El Gobierno también fundamenta su posición en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como Convemar.
De acuerdo con el comunicado presidencial, los yacimientos vinculados con Sea Lion se encuentran a 220 kilómetros al norte de las islas, dentro de la plataforma continental sobre la cual Argentina sostiene derechos soberanos.
Quirno señaló que la urgencia del procedimiento está relacionada con los planes de producción de la empresa operadora.
“Hay un riesgo y una urgencia que tiene que ver con la intención de explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas”, expresó.
Consultado sobre la posibilidad de que la extracción comience antes de que exista una definición internacional, indicó que el primer barril está previsto para 2028.
“Por eso nosotros estamos haciendo esto con suficiente antelación para impedir eso”, respondió.
Presión sobre empresas, inversores y entidades financieras
La estrategia oficial, según explicó Quirno, no se limita a las acciones diplomáticas y judiciales. También contempla ejercer presión sobre compañías proveedoras, inversores y entidades financieras que analicen participar del desarrollo de Sea Lion.
El proyecto es impulsado por un consorcio integrado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
“Van a tener que decidir entre operar bajo licencias ilegítimas en Malvinas u operar en la Argentina con el potencial que eso tiene”, planteó Quirno al referirse a las oportunidades vinculadas con los activos energéticos argentinos.
El canciller afirmó además que distintas compañías privadas comunicaron su decisión de no involucrarse en las actividades cuestionadas.
“Las más importantes del mundo” expresaron que no participarán porque observan, según relató, “la potencialidad de Argentina en la valorización de sus activos estratégicos”.
Consultado específicamente por los bancos o fondos que podrían aportar recursos para el desarrollo de Sea Lion, Quirno sostuvo que quienes financien el proyecto también estarían contribuyendo a su concreción y anticipó que el Gobierno observará esa participación.
Ante la posibilidad de que una entidad que financie el proyecto pueda posteriormente buscar prestar dinero al Estado argentino o a empresas del país, el canciller respondió: “Mejor viceversa”.
En ese sentido, sostuvo que esos actores deberán definir “cuál es su mejor negocio y cuál es su interés con respecto a lo que está diciendo la Argentina”.
La medida cautelar y una posible mediación de Estados Unidos
En el ámbito judicial argentino, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dispuso como medida cautelar que las petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion.
Al mismo tiempo, la Cancillería avanza con gestiones ante Estados Unidos para analizar una eventual mediación. Esa alternativa, según explicó Quirno, requeriría la aceptación del Reino Unido.
El canciller también rechazó que las decisiones adoptadas por el Gobierno estén orientadas a establecer un esquema de coexistencia con los británicos en las islas.
“No se apunta a una armonía y a una nueva relación: se apunta a recuperar la soberanía argentina en las Malvinas”, sostuvo.
Quirno vinculó ese objetivo con el mandato establecido por la Constitución Nacional y señaló que la estrategia oficial busca reunir herramientas diplomáticas, legislativas, económicas y judiciales.
“Tenemos un mandato constitucional que es lo que tenemos que hacer”, afirmó.
Al mismo tiempo, insistió en que la Argentina pretende resolver la disputa por vías pacíficas y diplomáticas.
“Si no te querés sentar a negociar, si no querés hablar nada, el statu quo se mantiene y nosotros no aceptamos ese statu quo”, declaró.
El vínculo con Chile
Durante la entrevista, Quirno también se refirió a la posición de Chile frente a la cuestión Malvinas.
El canciller recordó una reunión que mantuvo el 3 de septiembre con el presidente chileno José Antonio Kast, su canciller y miembros de su equipo.
Según explicó, de ese encuentro surgió un comunicado conjunto en el que Santiago reiteró su respaldo al reclamo argentino y manifestó que no brindará apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en Malvinas.
Consultado por declaraciones del ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, quien hizo referencia a la administración británica de hecho sobre las islas, Quirno respondió: “Palabra de presidente mata palabra de ministro”.
El proyecto de Ley de Soberanía Nacional
La entrevista también abordó el proyecto de Ley de Soberanía Nacional, particularmente las críticas generadas por uno de sus artículos.
La iniciativa contempla penas de cinco a 12 años para quienes, bajo órdenes o financiamiento extranjero, busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
Frente a los cuestionamientos sobre el alcance de esa figura penal, Quirno afirmó que la propuesta no busca limitar la libertad de expresión.
“La ley no persigue ningún tipo de restricción a la libertad de expresión”, aseguró.
Ante las consultas sobre cómo se determinaría la conducta alcanzada por la norma, agregó: “Hay que probarlo y tenés que probar que afecte la opinión pública de manera masiva”.
El canciller sostuvo finalmente que la iniciativa contempla modalidades de conflicto diferentes de una confrontación militar convencional.
“Hoy no es que viene un ejército y me viene a invadir. No se resuelve a los tiros, se resuelve de otra manera este tema”, planteó.
