El proyecto oficial apunta a corregir fallas de aplicación, ampliar la red de atención y redefinir conceptos clave.
El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso una reforma de la Ley de Salud Mental que busca actualizar su funcionamiento frente a los desafíos actuales del sistema.
La iniciativa surge tras años de críticas sobre la implementación de la norma vigente. Aunque no se plantea su eliminación, sí propone ajustes en aspectos sensibles que impactan en la atención diaria. Uno de los cambios incluye la incorporación del concepto de “trastornos mentales” en lugar de “padecimiento mental”, con el objetivo de lograr mayor precisión diagnóstica y mejorar la respuesta en situaciones de urgencia. En cuanto a las internaciones, se mantendrán como recurso excepcional, pero con procedimientos más ágiles. Se permitirá actuar con mayor rapidez ante riesgos para la persona o terceros, algo que familiares y profesionales venían reclamando. El proyecto también propone fortalecer una red de atención por niveles de complejidad, en lugar de concentrar el sistema en hospitales generales. Esto incluiría desde dispositivos comunitarios hasta instituciones especializadas. A su vez, se busca incorporar aportes de organizaciones, especialistas y actores judiciales, que señalaron dificultades concretas en la aplicación de la ley en distintos puntos del país.
El debate legislativo se dará en un contexto de creciente preocupación social por la salud mental, con cifras que reflejan una demanda en aumento y un sistema que busca adaptarse.
