La fiscalía confirmó que el jefe de Gabinete no utilizó fondos bancarizados para costear su traslado en avión a Punta del Este, lo que refuerza la hipótesis de dádivas.
La Justicia Federal ratificó que el pago de los pasajes aéreos privados utilizados por Manuel Adorni y su familia no se realizó mediante cuentas bancarias oficiales del funcionario ni de su cónyuge. Tras el levantamiento del secreto bancario, los peritajes concluyeron que no existen registros de la salida de fondos para cancelar los aproximadamente 9 mil dólares que costó la travesía hacia Uruguay, la cual fue abonada originalmente por el contratista estatal Marcelo Grandío.
El fiscal Gerardo Pollicita sostiene que la configuración del delito de dádivas es inminente. La investigación señala que Grandío, quien mantiene contratos de explotación publicitaria con el Estado autorizados por la propia jefatura de Gabinete, habría financiado las vacaciones del funcionario. Este vínculo comercial entre las partes sitúa a Adorni bajo la lupa del artículo 259 del Código Penal, que penaliza la aceptación de beneficios por parte de funcionarios públicos.
La defensa del jefe de Gabinete queda ahora obligada a demostrar el origen de los fondos en caso de alegar un pago en efectivo. De no lograr justificar la procedencia de los dólares, Adorni enfrentaría una complicación adicional en la causa paralela por enriquecimiento ilícito, donde se analizan otros movimientos patrimoniales y consumos de lujo que no coinciden con sus ingresos declarados.
El cronograma judicial establece el 27 de abril como la fecha final de las testimoniales clave por crecimiento patrimonial. Casualmente, este cierre de etapa ocurre 48 horas antes de la presentación obligatoria de Adorni ante el Congreso de la Nación, lo que podría obligar al funcionario a rendir cuentas ante el Poder Judicial y el Poder Legislativo de manera consecutiva.
La fiscalía aguarda el cierre del peritaje integral sobre el patrimonio antes de formalizar el llamado a declaración indagatoria para Adorni y Grandío. La situación procesal del jefe de Gabinete entra en una fase crítica de cara al cierre del mes de abril.
