La investigación de EL PAÍS incluye 21 testimonios que señalan a sacerdotes, religiosos y laicos en ocho países. El reporte documenta casos de encubrimiento sistémico y falta de reparación a las víctimas.
CIUDAD DEL VATICANO / BUENOS AIRES. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe recibió formalmente un informe detallado que expone a 24 acusados de pederastia en el ámbito eclesiástico de América Latina y Estados Unidos. El documento, que extiende al continente americano la base de datos de investigación de EL PAÍS, señala a Colombia como el país con mayor incidencia (13 casos), seguido por Argentina, México, Bolivia, Cuba, El Salvador, Venezuela y Estados Unidos.
El reporte, de más de 100 páginas, surge tras la imposibilidad de las víctimas de obtener justicia en las diócesis locales, donde impera una tendencia al encubrimiento. La investigación certifica que, pese a la obligatoriedad dictada en 2001 de informar estos hechos a Roma, la información fue retenida sistemáticamente por las autoridades eclesiásticas regionales.
En la Provincia de Buenos Aires, el caso central se sitúa en la Parroquia Nuestra Señora de Luján, en Longchamps. Quince antiguos miembros de un grupo scout denunciaron abusos sexuales cometidos por su monitor, Omar Esposito, entre 1980 y 1999. El grupo, autodenominado «Supervivientes», expuso un modus operandi basado en el secretismo bajo la mística de la formación scout y la manipulación de menores.
La Diócesis de Lomas de Zamora reconoció oficialmente los hechos tras una reunión con las víctimas en el obispado. El Equipo Diocesano admitió la veracidad de los testimonios y pidió perdón en nombre de la Iglesia, apartando al catequista de sus funciones. Sin embargo, el equipo multidisciplinar que atendía a los afectados dimitió posteriormente al denunciar que los responsables eclesiásticos no dieron curso judicial a las demandas.
A nivel regional, el informe destaca el contraste entre el «norte global» y América Latina, donde el poder del sacerdote se extiende a un rol de mediador social y «cacique» local, dificultando las denuncias por la falta de capital social de las víctimas. El Vaticano tiene ahora la obligación de procesar estos expedientes bajo sus protocolos de tolerancia cero.
