Mientras la inflación y la pobreza muestran retrocesos significativos, el empleo registrado acumuló una baja de 200.000 puestos. Expertos distinguen entre la reconversión productiva y el impacto de políticas públicas deficientes.
A pesar de la recuperación del 6% en la actividad económica y la drástica reducción de la pobreza al 28% durante la segunda mitad de 2025, el mercado laboral formal no acompaña la tendencia expansiva con la misma solidez. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, el sector privado registrado perdió 200.000 trabajadores asalariados. Este fenómeno expone una realidad heterogénea: sectores que crecen pero no generan puestos, rubros en franca caída y actividades que destruyen empleo como parte de un proceso de eficiencia y reconversión tecnológica ante las nuevas reglas de juego macroeconómicas.
El análisis por sector de actividad permite identificar tres comportamientos distintos. Por un lado, el agro y la pesca mantienen una dinámica positiva tanto en Producto Bruto Interno (PBI) como en personal. En el extremo opuesto, la industria y la construcción continúan en terreno negativo, arrastradas por la falta de inversión y el estancamiento del consumo. Sin embargo, surge un tercer grupo compuesto por la minería, el petróleo y los servicios financieros, que aumentan su producción pero reducen su plantilla, señal de un proceso de tecnificación y búsqueda de eficiencia.
La distinción entre «reconversión» y «mala política pública» es central para entender el momento actual. La destrucción de puestos por reconversión responde a empresas que reorganizan sus procesos para competir en una economía más abierta y con baja inflación. Aunque socialmente costoso, este proceso es considerado necesario para la reinserción en empleos de mayor productividad. En cambio, la pérdida de puestos por falta de crédito, burocracia excesiva y presión tributaria distorsiva representa una falla en las condiciones de contorno para la inversión.
Un caso crítico es el de la construcción, donde la parálisis de la obra pública nacional y provincial explica un tercio de la caída total del empleo asalariado formal. El deterioro de la infraestructura no solo destruye puestos directos, sino que eleva los costos logísticos y operativos para el resto de las industrias, dificultando la recuperación del salario real, que hoy se mantiene en niveles similares a los de finales de 2023, sin lograr recuperar el poder adquisitivo perdido en la crisis previa.
Para que el crecimiento alcance a todos los sectores, el desafío de la gestión económica radica en facilitar la transición de las empresas hacia modelos más eficientes sin obstruir el proceso con regulaciones obsoletas. Resulta urgente avanzar en un ordenamiento tributario y en la recuperación de la inversión en infraestructura básica para revertir la tendencia negativa en los sectores que hoy no logran adaptarse al nuevo escenario.
La estabilidad monetaria es el primer paso, pero la generación de empleo de calidad dependerá de la capacidad del Estado para remover obstáculos regulatorios y garantizar infraestructura. El mercado laboral de 2026 será el termómetro definitivo para determinar si la destrucción de puestos es el preámbulo de una economía más productiva o el síntoma de una política pública que aún no logra incentivar la creación de trabajo genuino.
