El proyecto enviado al Senado elimina la actualización automática por IPC, desregula los aranceles de salud y prohíbe el empleo formal para beneficiarios.
El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso un proyecto de ley titulado «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», el cual deroga artículos clave de la actual Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793). La iniciativa, que ingresó por la Cámara de Senadores, busca retrotraer el sistema de asistencia al modelo previo a la emergencia, endureciendo los criterios de otorgamiento y permanencia.
La medida establece la obligatoriedad de un reempadronamiento para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales ante ANSES y ARCA. El incumplimiento de este trámite derivará en la suspensión preventiva y posterior baja automática del beneficio, sin excepciones.
En el plano económico, la norma fija el haber en el 70% de la jubilación mínima y suprime los adicionales por zona geográfica desfavorable. Además, introduce la «incompatibilidad absoluta» con el empleo registrado: cualquier persona con discapacidad que acceda a un trabajo formal perderá automáticamente la pensión, eliminando los incentivos de inclusión laboral vigentes.
El proyecto también desregula el sistema de salud al suprimir el nomenclador nacional de prestaciones. Esto habilita a que las negociaciones por aranceles se realicen de forma individual con obras sociales y prepagas, eliminando el piso mínimo de calidad. Asimismo, se quitan los beneficios fiscales para empresas que contraten personas con discapacidad.
Finalmente, la actualización de los montos dejará de ser automática por IPC para quedar atada a la evolución del haber mínimo jubilatorio. La Casa Rosada apuesta a una rápida aprobación en el Senado, pese a la resistencia de bloques que el año pasado ratificaron la vigencia de la emergencia.
